El Fiscal General del Estado Emiliano Rolón Fernández, subrayó la necesidad de planificar con anticipación la reposición de agentes fiscales ante un escenario de jubilaciones masivas que podría impactar en la operatividad institucional. Según explicó, la estabilidad del Ministerio Público resulta fundamental para sostener la seguridad jurídica, por lo que la previsión en materia de recursos humanos se vuelve prioritaria.
El titular del organismo señaló que cerca de 90 fiscales se encuentran actualmente en condiciones de acceder a la jubilación, lo que representa aproximadamente el 20% del plantel. Este fenómeno responde, indicó, a un ingreso masivo de funcionarios ocurrido entre los años 1998 y 2000, generando ahora una coincidencia generacional que obliga a proyectar escenarios de reemplazo.
Rolón Fernández advirtió que cada agente fiscal tiene bajo su responsabilidad entre 800 y 1.200 causas activas, por lo que una eventual salida simultánea implicaría la redistribución de decenas de miles de expedientes en todo el país, con especial incidencia en las circunscripciones del interior. En ese sentido, remarcó que el impacto no sería solo administrativo, sino también en la continuidad del servicio de justicia.
Asimismo, explicó que el proceso de selección y designación de nuevos fiscales, a través del mecanismo constitucional ante el Consejo de la Magistratura, puede extenderse entre ocho y doce meses, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas anticipadas para evitar vacancias prolongadas en cargos estratégicos.
El fiscal general sostuvo que el Ministerio Público respeta el debate previsional en curso en el ámbito legislativo, aunque consideró relevante que se evalúe el efecto operativo que las decisiones puedan tener sobre instituciones esenciales del sistema de justicia. Enfatizó que la planificación permitirá amortiguar eventuales impactos y sostener la capacidad de respuesta institucional.
Finalmente, aseguró que la política institucional apunta a anticipar escenarios, organizar la transición y garantizar que el servicio de persecución penal no sufra interrupciones, reafirmando el compromiso de mantener la continuidad y eficiencia del sistema.
