Juez adelanta audiencia preliminar de Javier Díaz Verón y su esposa

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La audiencia preliminar prevista para el 17 de agosto para el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y su esposa, María Selva Morínigo, fue adelantada para el 21 de julio a las 9 horas por el juez Julián López a petición de la fiscal Nathalia Silva.

 

Javier Díaz Verón y María Selva Morínigo están procesados por los supuestos hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

ANTECEDENTES. La agente fiscal María Estefanía González en el año 2018 presentó imputación contra el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, por la supuesta comisión de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente.

El Ministerio Público luego de efectuar un análisis de la declaración jurada de Díaz Verón desde su cargo de viceministro del Ministerio de Justicia y Trabajo en el 2005, hasta el 2018 cuando el mismo se desempeñaba como fiscal general, concluyó la existencia de un saldo negativo, en el sentido de que el valor de sus bienes supera sus ingresos percibidos.

Con relación a la esposa del ex fiscal general, María Selva Morínigo, la misma se hizo socia de la firma denominada Salty River SA según los registros oficiales con un aporte de G. 500 millones (US$ 87.719) en efectivo, supuestamente alegó haber percibió dicho dinero de su retiro voluntario del Fondo Ganadero. Esta firma fue constituida en fecha 13 de diciembre de 2012.

Según un informe remitido por el Fondo Ganadero a la Fiscalía, la indemnización a Morínigo fue un total de G. 203.531.055 (US$ 35.707), cobrando primeramente el 26 de diciembre del 2013 su primer pago de G. 101.638.528 (US$ 17.831) y el 26 de febrero del 2014 cobró el saldo de G. 101.892.527 (US$ 17.876).

Asimismo, en cuanto a la sociedad familiar Canto Rodado SA, según los registros oficiales, Morínigo puso G. 1.500 millones (US$ 263.158) en efectivo, mientras que dos de sus hijos G. 500 millones (US$ 87.719) cada uno, totalizando los G. 2.500 millones (US$ 438.596). Esto ocurrió dos años después de que Díaz Verón se ubicara como fiscal general.