La juez Rosarito Montania hizo lugar al pedido de anticipo jurisdiccional de prueba formulado por la fiscal Ingrid Cubilla y ordenó la toma de muestras, el análisis químico definitivo, el pesaje exacto y la posterior incineración de las sustancias incautadas en la investigación sobre el ingreso al país de 261,6 kilogramos de presunto cannabis tipo hachís transportados en una aeronave privada procedente de los Estados Unidos.
La resolución dispone que las diligencias sean realizadas bajo control jurisdiccional, con participación de las partes procesales y peritos especializados de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), con el objetivo de determinar científicamente la naturaleza de las sustancias, su concentración de THC y el peso exacto de la carga decomisada.
Según los antecedentes del caso, la droga fue hallada el 30 de mayo pasado en una aeronave Challenger 604, matrícula N116HL, que arribó al hangar SGAS H Latitude, en la ciudad de Luque, proveniente de Estados Unidos con escala previa en Panamá. El cargamento estaba distribuido en ocho bolsones que contenían un total de 218 paquetes envasados al vacío.
De acuerdo con la descripción contenida en la resolución judicial, el Bolsón 1 contenía 25 paquetes con un peso de 33,3 kilogramos; el Bolsón 2, 34 paquetes con 36,3 kilogramos; el Bolsón 3, 23 paquetes con 25,8 kilogramos; el Bolsón 4, 28 paquetes con 30,9 kilogramos; el Bolsón 5, 30 paquetes con 32 kilogramos; el Bolsón 6, 13 paquetes con 31,7 kilogramos; el Bolsón 7, 30 paquetes con 32,2 kilogramos y el Bolsón 8, 35 paquetes con 39,4 kilogramos.
Además, durante un allanamiento efectuado en el Hotel Aloft de Asunción fue incautado un paquete adicional de presunta marihuana con un peso de 14 gramos que también será sometido a análisis.
La magistrada señaló que el anticipo jurisdiccional de prueba resulta procedente debido a que las sustancias constituyen uno de los principales elementos probatorios de la causa y, por su naturaleza, pueden sufrir alteraciones con el transcurso del tiempo. Asimismo, recordó que la legislación vigente establece la destrucción de este tipo de evidencias una vez extraídas las muestras necesarias para el proceso judicial.
Para la realización de la pericia se aplicarán procedimientos de muestreo basados en recomendaciones internacionales de las Naciones Unidas y metodologías forenses utilizadas por la SENAD, con un nivel de confianza del 95%. Los análisis estarán a cargo de especialistas de la División Técnico Forense de la institución.
Entre los puntos de pericia fijados por el juzgado figuran la determinación del tipo de sustancia, la verificación de si se trata de una droga prohibida conforme a la Ley Nº 1340/88 y sus modificaciones, la determinación del porcentaje de THC y la obtención de cualquier otro dato de interés para la investigación.
La diligencia fue programada para el 05 de junio a las 08:00 horas, en las instalaciones del Horno Incinerador Pirolítico de la SENAD, ubicado en Chaco’i, departamento de Presidente Hayes. Una vez concluida la extracción de muestras y el análisis correspondiente, las sustancias serán destruidas mediante incineración, bajo supervisión judicial, fiscal y pericial.
La resolución también garantiza la participación de las defensas de los imputados, quienes podrán designar peritos de parte y proponer puntos de pericia. Asimismo, se dispuso la intervención de un defensor público para resguardar los derechos y garantías procesales de eventuales personas que pudieran resultar vinculadas a la investigación en etapas posteriores.
La causa guarda relación con la investigación abierta tras el arribo de la aeronave privada en la que viajaban los ciudadanos estadounidenses David Thomas Wise, Troy Anthony Vásquez y Marisol Rivas, quienes fueron vinculados al procedimiento realizado por las autoridades antidrogas.
