El juez Rodrigo Estigarribia autorizó la realización de una pericia informática a los dispositivos incautados en el marco de la investigación contra presuntos miembros de una red de ciberestafa, desmantelada en el operativo Ícaro, en la que se habrían desviado más de G. 9.000 millones de cuentas bancarias y billeteras electrónicas.
Se trata de dos teléfonos de la marca Samsung pertenecientes a Ramón Agustín Benítez Acosta y Neri Sebastián Agüero Martínez. De dichos dispositivos se buscará extraer información sobre las llamadas, mensajes de texto, contenido de la galería y aplicaciones instaladas, haciendo especial énfasis en aquellas de carácter financiero.
La fiscal Irma Llano alegó en su solicitud que los teléfonos constituyen elementos de convicción útiles, pertinentes y necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados. Explicó que la medida tiene por finalidad verificar objetivamente las manifestaciones brindadas por los propietarios durante sus respectivas declaraciones ante el Ministerio Público, determinar el uso efectivo de las líneas telefónicas y billeteras electrónicas vinculadas al caso, así como confirmar o descartar la participación de los mismos en las conductas indagadas.
La causa investiga a una estructura integrada por jóvenes con formación en informática, la cual operaba mediante al menos ocho cuentas “matriz” y cerca de 1.970 transacciones en criptomonedas.
El objetivo del esquema, según la hipótesis fiscal, era canalizar y ocultar los más de G. 9.000 millones provenientes de las estafas digitales, coordinando tanto la operativa tecnológica como el flujo del dinero dentro de la organización.
