El juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez Acosta presentó un recurso de reposición y apelación subsidiaria contra la resolución judicial que admitió la imputación en su contra. Su defensa argumenta que la acusación fiscal está plagada de irregularidades, vulnera el debido proceso y carece de pruebas concretas.
La defensa afirma quela la imputación es conjetural y carente de pruebas concretas; el magistrado fue imputado por el Ministerio Público por la presunta comisión de los hechos punibles de prevaricato, producción inmediata de documento público de contenido falso, uso de documento público de contenido falso y hurto,
Rodríguez Acosta es señalado como responsable de dictar resoluciones contrarias a derecho y de utilizar documentos públicos falsificados en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, sus abogados, Secundino Méndez Duarte y Araceli Méndez Cibils, sostienen que la imputación es “conjetural y redactada en términos condicionales”, lo que demostraría la falta de elementos suficientes para sostener una acusación penal.
El recurso presentado denuncia que la imputación no individualiza conductas concretas atribuibles a Rodríguez Acosta. Según la defensa, no se especifica qué resoluciones dictó el magistrado de forma irregular ni se detallan los documentos supuestamente falsificados. Además, se menciona un supuesto hurto sin precisar qué objeto habría sido sustraído, ni en qué circunstancias.
«No se describe qué acto u omisión configuraría el prevaricato, ni qué documento fue utilizado falsamente. Esta imputación viola el principio de imputación concreta y genera una grave afectación a la seguridad jurídica», señala el escrito presentado por los abogados. Asimismo, la defensa argumenta que los jueces no tienen la obligación de verificar la autenticidad de los informes de ujieres y oficiales de justicia, ya que estos documentos gozan de presunción de veracidad.
Los abogados solicitaron la anulación de la imputación y su devolución al Ministerio Público para su corrección. Basaron su petición en la Acordada N.º 1631/2022 de la Corte Suprema de Justicia, la cual establece que toda imputación debe estar sustentada en una exposición clara y precisa de los hechos, con elementos concretos que permitan ejercer el derecho a la defensa.
El recurso también cita precedentes internacionales, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige que toda acusación penal cumpla con los principios de legalidad, precisión y previsibilidad. En caso de que el recurso de reposición no sea admitido, la defensa ha solicitado que la apelación en subsidio sea elevada a un Tribunal de Apelación.
Este caso se enmarca en una serie de investigaciones sobre presuntas irregularidades en el Poder Judicial, en el marco de la causa conocida como “mafia de los pagarés”, en la que varios jueces y fiscales han sido señalados por actuaciones cuestionables. De momento, el futuro de Rodríguez Acosta dependerá de la decisión del Tribunal de Apelaciones y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
