El juez Penal Especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles contra el gobernador de Central Hugo Javier y demás 14 imputados a pedido del fiscal de la causa Rodrigo Estigarribia.
La inhibición general de enajenar y gravar bienes es una medida cautelar decretada judicialmente y que consiste en la interdicción genérica de disponer de los bienes registrables inscriptos a nombre del deudor.
Los otros imputados son: Javier Marcelo Rojas Giménez, director general de Administración y Finanzas de la gobernación, Tadeo Andrés Álvarez, presidente de la ONG, Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), además del tesorero de dicha fundación, Paulino de los Santos Palacios Recalde.
La lista sigue con: Nicolás Eduardo Álvarez Doria, síndico de la CIAP, Lourdes Verónica Lezcano, secretaría general de la gobernación, Armando Adolfo Soler, secretario de Obras Públicas, Luis Eduardo Allende, ex tesoro.
Además, están Édgar José Zaracho, asesor jurídico de la gobernación, el jefe del departamento de presupuesto Guido Rolando Portillo, Modesta Valiente Escobar, ex funcionaria de Administración y Finanzas.
Finalmente, también fueron imputados el ex fiscalizador de obras Adalberto Benítez Aguilera, y los contratistas Oscar Morel y Laureano Gaete Gómez.
Todos fueron imputados por los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos nos auténticos y asociación criminal por obras fantasmas en el departamento Central.
El mencionado magistrado fijó la audiencia de imposición de medidas para el 10 y 11 de noviembre a partir de las 8 horas.
