El juez de garantías Rodrigo Estigarribia revocó la libertad ambulatoria, ordenó la captura y decretó la prisión preventiva de la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández, acusada de un supuesto perjuicio de más de G. 1.000 millones. El magistrado argumentó que la prisión preventiva es la única medida adecuada para garantizar la sujeción de la acusada al proceso y el desarrollo regular del procedimiento penal.
Resaltó que existe una falta objetiva de voluntad de someterse al proceso y que el comportamiento procesal de la jefa comunal fue “obstaculizador”, caracterizado por la interposición reiterada de incidentes y recursos que fueron declarados inoficiosos o improcedentes, sin sustento jurídico válido ni propósito real de defensa.
La audiencia preliminar, en la cual debe resolverse si la causa va a juicio, fue suspendida en varias oportunidades por las chicanas y está pendiente de realización desde el año 2023. En marzo de ese año, la Fiscalía presentó la acusación por un presunto perjuicio de G. 1.199 millones, a través del pago por obras fantasmas.
