A pedido de la Fiscalía, el juez Humberto Otazú desestimó la denuncia sobre presuntas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS), que habrían ocasionado un daño patrimonial de cerca de G. 1,7 billones durante la administración de Vicente Bataglia.
El Ministerio Público solicitó la desestimación alegando que la denuncia “no tendría relevancia penal”, dado que, si bien la Contraloría General de la República (CGR) elaboró un Reporte de Indicios de Hechos Punibles con cinco observaciones, la investigación concluyó que cada desembolso fue justificado y no se pudo comprobar un perjuicio patrimonial para la previsional.
Se señala además que el reporte de la CGR fue realizado sobre la base de muestras seleccionadas sin considerar el ejercicio fiscal completo del año 2022 del IPS. Según la Fiscalía, dicho documento puede servir para la elaboración de una auditoría, pero no para un reporte de indicios de hechos punibles, ya que este último requiere la explicación concreta de los casos, con la descripción detallada de los hechos detectados y el soporte documental que respalde los hallazgos.
