El juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Luis Alberto Sala Ferreira, acusado por el Ministerio Público por el presunto hecho punible de tráfico de influencias.
Durante la audiencia preliminar, el magistrado rechazó todos los incidentes y planteamientos formulados por la defensa, entre ellos los cuestionamientos a la competencia del fuero especializado, la legitimación de la víctima como querellante adhesivo, el pedido de extinción de la acción penal y la solicitud de suspensión condicional del procedimiento.
Asimismo, admitió la acusación fiscal y las pruebas ofrecidas para el juicio, incluyendo grabaciones de conversaciones mantenidas entre el acusado y el denunciante.
La acusación fue presentada por el fiscal Francisco Cabrera, quien sostiene que Sala Ferreira habría solicitado Gs. 24 millones a un ciudadano para obtener la firma de una resolución municipal vinculada al fraccionamiento de un inmueble. De acuerdo con la investigación, el caso se originó a partir de gestiones realizadas por la familia de Wenceslao Ávalos para completar el proceso de fraccionamiento de un inmueble perteneciente a sus padres en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro.
Según la Fiscalía, luego de que el Servicio Nacional de Catastro formulara observaciones sobre la ubicación del inmueble, fue necesario tramitar una rectificación de la resolución municipal correspondiente. Cuando el denunciante acudió a la Municipalidad para conocer el estado del expediente, supuestamente fue informado por Sala Ferreira de que la entonces intendente Silvia Noemí Trubger Benítez no firmaría el documento sin recibir previamente dinero.
La acusación sostiene que el concejal habría exigido inicialmente Gs. 24 millones y que posteriormente insistió en reiteradas ocasiones mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, audios y encuentros personales. La investigación incluye audios, mensajes y grabaciones realizadas por el propio denunciante. Según la Fiscalía, en varias conversaciones Sala Ferreira habría reiterado que el pago era necesario para lograr la firma de la resolución municipal.
Además, la carpeta fiscal refiere que en fecha 29 de julio del año 2025 se concretó una entrega vigilada autorizada judicialmente. Ese día, el denunciante se reunió con el edil en una estación de servicios sobre la Ruta PY08 y posteriormente en otro punto de la ciudad, donde se produjo la intervención fiscal y policial. Las autoridades sostienen que el procedimiento permitió obtener nuevos elementos de prueba sobre la supuesta exigencia de dinero.
Por su parte, la defensa de Sala Ferreira sostiene que el dinero mencionado en las conversaciones no estaba relacionado con ninguna gestión municipal ni con la firma de resoluciones administrativas. Según la posición defensiva expuesta durante la audiencia preliminar, la suma reclamada correspondería a una deuda previa existente entre las partes, por lo que rechaza la hipótesis planteada por el Ministerio Público.
En su resolución, el juez Estigarribia concluyó que la acusación fue presentada dentro de los plazos legales y que cumple con los requisitos formales y materiales establecidos por el Código Procesal Penal. También descartó la incompetencia del fuero especializado y confirmó la participación de la víctima como querellante adhesivo.
Respecto a la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, el magistrado señaló que la naturaleza del hecho investigado y la condición de servidor público que ostentaba el acusado al momento de los hechos permiten presumir una expectativa de pena superior a la requerida para acceder a ese beneficio.
Igualmente rechazó el pedido de excluir las grabaciones incorporadas por la Fiscalía, argumentando que fueron realizadas por uno de los participantes de las conversaciones y no constituyen interceptaciones ilegales de comunicaciones.
Con esta decisión, la causa avanza a la etapa de juicio oral y público, donde un Tribunal de Sentencia deberá analizar las pruebas ofrecidas por las partes y determinar si existe o no responsabilidad penal de Sala Ferreira en los hechos atribuidos.
