El sistema judicial paraguayo se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras la decisión del Juez de Paz de Lambaré, José Segundo Velázquez Alfonso, quien ha prohibido a la familia de María Sol Chávez mencionar o acercarse a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza, condenada por el homicidio culposo de la joven. Esta medida ha sido calificada como un intento de censura que busca silenciar a los padres de la víctima y su lucha por justicia.
El caso de Sol Chávez conmocionó a la opinión pública en abril del año 2021, cuando la joven falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la ingesta de una dosis letal de flúor durante un tratamiento odontológico. A pesar de la gravedad de los hechos, la odontóloga responsable y la químico-farmacéutica involucrada en el suministro de la sustancia fueron sentenciadas a una pena de apenas dos años de prisión en agosto del 2024, una condena que es considerada bastante irrisoria.
Ahora, Espinoza decidió recurrir a la Ley 5.777/2016 de violencia contra la mujer para denunciar a los padres de la joven fallecida por presunto «hostigamiento y violencia». La denuncia resultó en una medida cautelar que no solo prohíbe a los familiares acercarse a la odontóloga, sino también mencionar su nombre en declaraciones públicas o redes sociales. Además, en una grave confusión jurídica, el documento judicial indica erróneamente que los padres fueron denunciados por «violencia doméstica», un concepto que no aplica en este contexto y lo cual demuestra la falta de conocimiento por parte del magistrado
Pero los errores en la resolución no terminan allí; en el oficio enviado a la Policía Nacional se incluyó el nombre de una persona ajena al caso, lo que posteriormente fue «corregido» a bolígrafo, evidenciando una preocupante falta de rigurosidad en la emisión de la medida, por parte del magistrado.
La decisión del juez Velázquez ha sido duramente criticada por juristas y organizaciones de derechos humanos, quienes la consideran un claro abuso del marco legal para proteger a una persona condenada por un delito grave. Además, deja un peligroso precedente sobre el uso de leyes destinadas a proteger a las víctimas de violencia para restringir la libertad de expresión y la búsqueda de justicia de una familia que sufrió una pérdida irreparable.
Mientras tanto, la lucha judicial de la familia Chávez sigue en pie, ya que a pesar de que en diciembre del año pasado un Tribunal de Apelación anuló la sentencia inicial y ordenó un nuevo juicio oral y público, el proceso sigue siendo dilatado por la Cámara de Apelaciones, que en marzo de este año decidió postergar el juicio, prolongando la incertidumbre y el dolor de los familiares.
