En el marco de la causa por supuesto cobro indebido de honorarios, en la que se otorgó la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de tres años, el juez de Ejecución Carlos Mendoza tomó intervención e intimó a Alexandri Irala Castillo a presentar, en un plazo de 72 horas, las constancias que acrediten el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas.
La medida se da luego de que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, tras el otorgamiento del beneficio procesal dispuesto en marzo del corriente año, por el juzgado de garantías.
Entre las principales obligaciones impuestas, el procesado debe devolver Gs. 43.333.333 a la Cámara de Diputados, en concepto de reparación del perjuicio patrimonial, mediante cuotas mensuales de Gs. 1.203.703, depositadas en una cuenta del Tesoro Público. Asimismo, debe abonar Gs. 350.000 mensuales a una fundación en concepto de reparación del daño social.
El régimen de conducta también establece la realización de trabajos comunitarios durante tres horas semanales en la Municipalidad de Atyrá, preferentemente los días lunes y en coordinación con la CODENI, además de la obligación de presentar constancias periódicas de cumplimiento.
Igualmente, se dispuso que Irala Castillo deberá residir en el domicilio declarado, no modificarlo sin autorización judicial, comparecer cada tres meses ante el juzgado para firmar el libro correspondiente y mantener el número de teléfono denunciado en la causa.
El juez recordó que, conforme al Código Procesal Penal y la normativa de ejecución penal, corresponde a los jueces de ejecución controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas en este tipo de salidas procesales, así como garantizar el respeto de los fines de las medidas alternativas al proceso penal.
En ese contexto, el magistrado resolvió tener por recibido el expediente y notificar formalmente al procesado, advirtiéndole que debe acreditar en el plazo fijado el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas, bajo apercibimiento de las consecuencias legales correspondientes.
