El juez Osmar Legal decretó el sobreseimiento definitivo de Óscar Daniel Cabreira Pinazo, quien se encontraba imputado por presunto lavado de dinero producto del narcotráfico, en la misma causa que Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gomes. El mismo se quitó la vida momentos previos a un allanamiento realizado en agosto pasado.
Sin embargo, se mantienen las medidas de inhibición general de enajenar y gravar bienes, además del embargo y/o bloqueo de todos los bienes y/o dinero depositados en bancos entidades financieras y cooperativas, así como el bloqueo de cuentas, pertenecientes al mismo. Misma situación respecto a la firma PAZO PORA S.A.
La causa se originó tras la imputación del Ministerio Público en fecha 19 de agosto del 2024, acusando a Cabreira Pinazo por lavado de activos provenientes del narcotráfico y ordenando su prisión preventiva. En febrero del 2025, el juzgado había concedido arresto domiciliario, aceptando una fianza real por más de Gs. 9.200 millones, respaldada por varios inmuebles ubicados en Pedro Juan Caballero y Zanja Pytã.
El allanamiento fue ejecutado por el fiscal Andrés Arriola, acompañado de efectivos de la Unidad de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y del FOPE. Según el informe oficial, los intervinientes irrumpieron en la vivienda para proceder a la detención del encausado, hallando a Cabreira Pinazo tendido en el suelo con un disparo en la cabeza y un arma de fuego a su costado. Aún con signos vitales, fue trasladado al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde se constató su deceso.
El certificado de defunción, firmado por la médico forense Dra. Rosa Romero, confirmó el fallecimiento a las 22:00 del 07 de agosto del 2025. A raíz de ello, la defensa, representada por el abogado Richard David Nara, solicitó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que pesaban sobre Cabreira Pinazo y la empresa Pazo Porã S.A., investigada en el mismo proceso.
El juzgado accedió parcialmente al pedido, levantando los embargos ejecutivos que recaían sobre los bienes ofrecidos como fianza personal, pero mantuvo las medidas cautelares sobre la firma Pazo Porã S.A., argumentando que los bienes continúan sujetos a un eventual comiso autónomo, conforme a la Ley 6431/19 y la Ley 1340/88.
La resolución señala que, pese al fallecimiento del procesado, la investigación sobre activos vinculados al crimen organizado y al lavado de dinero sigue en curso. La firma Pazo Porã S.A. permanece con inhibición general de enajenar y gravar bienes, además del bloqueo de cuentas y bienes registrados ante SENACSA, a la espera de una eventual acción de decomiso.
La causa se enmarca en una amplia investigación sobre lavado de dinero y narcotráfico transnacional, vinculando a diversos operadores financieros del norte del país con redes dedicadas al tráfico de drogas y a la legitimación de capitales ilícitos.
