El juez de garantías Humberto Otazú levantó la prisión preventiva y otorgó arresto domiciliario a Mikhail Lobanov, ciudadano ruso imputado por presunta producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y por supuesto soborno agravado.
El mismo habría pagado para tramitar irregularmente su cédula paraguaya como paraguayo naturalizado sin contar con la carta de naturalización que debe ser expedida por la Corte Suprema de Justicia y las demás documentaciones requeridas para el trámite en específico. Se aceptó una fianza real de USD. 200.000 a fin de asegurar el sometimiento del mismo.
Durante la audiencia, la defensa presentó documentación relevante que incluye certificados de nacimiento, antecedentes penales de Rusia y Rumania, constancias de renuncia a ciudadanía, pasaportes apostillados de varias nacionalidades y documentación bancaria europea. También ofrecieron como garantía real el depósito de USD 200.000 en un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA).
Asimismo, se acreditó que el imputado posee domicilio fijo en Asunción y no cuenta con antecedentes criminales ni órdenes de captura internacionales, conforme lo informado por Interpol de Rusia y Kirguistán.
Tras evaluar los elementos, el juzgado determinó que, si bien persiste un peligro de fuga debido a la gravedad de los hechos y la pluralidad de nacionalidades del procesado, dicho riesgo puede ser mitigado mediante medidas menos restrictivas a la libertad. En consecuencia, ordenó levantar la prisión preventiva y sustituirla por arresto domiciliario en un departamento del edificio “The Tower” de Asunción.
Uno de los aspectos más destacados de la resolución es la disposición de colocar una tobillera electrónica a Mikhail Lobanov para monitorear el cumplimiento estricto del arresto domiciliario. Se trata de una herramienta tecnológica de control judicial cada vez más utilizada en procesos de alta complejidad. La Policía Nacional fue instruida a realizar el seguimiento permanente hasta la aplicación efectiva del dispositivo.
Adicionalmente, el imputado tiene prohibido salir del país, cambiar de domicilio sin autorización judicial y deberá garantizar su sometimiento al proceso mediante el depósito de los USD 200.000 en el Banco Nacional de Fomento en un plazo máximo de 48 horas. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas condiciones, el juzgado advirtió que las medidas otorgadas serán revocadas y se restablecerá la prisión preventiva.
