El juez de garantías Humberto Otazú resolvió hacer lugar a las solicitudes de revisión de medidas cautelares planteadas por las defensas técnicas de cuatro personas imputadas en una causa vinculada a un presunto esquema de expedición irregular de cédulas de identidad para extranjeros.
Los beneficiados con la decisión judicial son Lourdes María Ortíz Jara, defendida por la abogada Menchi Pykasu; Kerlin Ileana López Pereira, asistida por la abogada Delfina Cibils; Jorge Matías Santacruz Brítez, también representado por la abogada Menchi Pykasu y Josefina Inocencia González de Moreno, cuya defensa está a cargo del abogado René Fernández.
En todos los casos, el juzgado dispuso el levantamiento del uso de la tobillera electrónica, aunque se mantuvieron vigentes las medidas de arresto domiciliario, prohibición de salida del país y la prohibición de modificar domicilios sin autorización judicial.
Las defensas fundamentaron los pedidos en el art. 250 del Código Procesal Penal, alegando principalmente dificultades económicas para afrontar los costos mensuales de los dispositivos electrónicos de control, además de situaciones personales como la tenencia de hijos menores y arraigo familiar.
Durante la audiencia de revisión, no se contó con la presencia de representantes del Ministerio Público, según consta en el acta judicial. Aun así, el juzgado analizó los antecedentes del caso, informes obrantes en el expediente y la situación procesal de los imputados.
El magistrado destacó que no se recibieron reportes de incumplimiento por parte de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), lo que fue considerado relevante para evaluar la continuidad o no del sistema de vigilancia electrónica.
En ese contexto, el juez Otazú concluyó que, si bien los presupuestos de las medidas cautelares personales se mantienen, corresponde ajustar su intensidad, manteniendo el arresto domiciliario como medida principal de control dentro del proceso.
Los cuatro imputados permanecen vinculados a una investigación por la presunta conformación de un esquema destinado a la expedición irregular de documentos de identidad, caso en el que también se investigan posibles irregularidades administrativas y participación de funcionarios.
Finalmente, el juzgado dispuso que los procesados continúen sometidos al proceso bajo control judicial, sin tobillera electrónica, pero con estrictas restricciones de movilidad, en tanto avanza la investigación fiscal.
