El juez Rodrigo Estigarribia hizo un llamado de atención al abogado José Rolando Jara Medina, defensor de Amílcar Quintana, procesado en la causa por presunta administración en provecho propio y otros hechos, vinculada a supuestos hechos de corrupción en la gestión municipal de Puerto Casado, tras constatar una irregularidad en su intervención durante una audiencia preliminar.
Durante la audiencia prevista en el artículo 114 del CPP, el profesional explicó que, debido a la distancia entre Asunción y Puerto Casado (unos 700 kilómetros), acordó con su cliente firmar la carta poder el mismo día de la audiencia en la secretaría del juzgado, alegando razones de economía procesal y negando cualquier intención de entorpecer el procedimiento.
El magistrado consideró que la actuación constituyó una irregularidad formal, ya que el abogado compareció sin personería previa, pero concluyó que no existió conducta dolosa ni ánimo de obstaculizar la causa.
Por ello, descartó sanciones más severas como multa o apercibimiento escrito e impuso únicamente un llamado de atención.
ACUSACIÓN
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por las nuevas autoridades de la Municipalidad de Puerto Casado, sustentada en un informe de Fiscalización Especial Inmediata de la Contraloría General de la República que detectó presuntas irregularidades en la administración municipal durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021, cuando Yudith Catalina Ferreira de Medina se desempeñaba como intendenta.
Según el Ministerio Público, durante ese período se habría implementado un esquema destinado a desviar recursos municipales mediante contrataciones presuntamente irregulares para la provisión de kits de alimentos durante la pandemia y para la ejecución de obras públicas en instituciones educativas y otros espacios del distrito.
La acusación sostiene que la Municipalidad celebró contratos con diversas empresas para la entrega de kits alimentarios y la realización de obras de construcción, reparación y mantenimiento de escuelas. Sin embargo, los investigadores detectaron supuestas inconsistencias en los procesos de contratación, entre ellas presupuestos con contenido prácticamente idéntico, documentación incompleta, contratos sin especificaciones suficientes y actas de recepción cuestionadas por directivos de instituciones educativas.
En cuanto a los kits de alimentos, la Fiscalía afirma que la comuna desembolsó alrededor de G. 487 millones a distintas empresas proveedoras con fondos destinados a alimentación escolar. Inicialmente, directores de varias escuelas manifestaron que no habían recibido los kits consignados en las documentaciones administrativas, aunque posteriormente algunas verificaciones incorporadas a la investigación modificaron parte de esa hipótesis respecto a determinados proveedores.
Respecto a las obras públicas, la investigación se centra en contratos para construcciones, reparaciones y mejoras en instituciones educativas, además de trabajos de infraestructura urbana. Las pericias realizadas habrían detectado diferencias entre los montos desembolsados por la Municipalidad y las obras efectivamente constatadas en varios casos.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que parte de los desembolsos habrían sido canalizados mediante cheques emitidos a nombre de funcionarios municipales o cobrados por terceros, situación que integra la hipótesis de un supuesto esquema de administración irregular de fondos públicos. Por estos hechos fueron acusados exfuncionarios municipales y particulares por presuntos hechos de lesión de confianza, asociación criminal, administración en provecho propio y producción de documentos no auténticos.
