El Juez Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, habló sobre la audiencia preliminar que se realizó ayer en el marco de la causa conocida como mega evasión impositiva que presuntamente se realizaba a través de negociados con celulares de alta gama. La empresaria Liz Paola Doldán, sancionada e incluida en la lista negra por los Estados Unidos, se encuentra entre los procesados.
Respecto a la audiencia preliminar, la defensa de los acusados, abogado César Alfonso planteó la suspensión condicional del procedimiento, a lo que los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera se allanaron. El Magistrado José Agustín Delmás, luego de verificar y examinar la sustanciación de la audiencia, resolvió no hacer lugar a todas las cuestiones incidentales y le dio trámite de oposición de conformidad al 358 del Código Procesal Penal para que la Fiscalía General del Estado decida si es que se ratifica la acusación inicial de la fiscal inferior o se allane.
«Le podía dar como magistrado (hacer lugar a la suspensión) pero he decidido mantenerme en mi postura inicial de aquel momento en el que el propio Ministerio Público planteó la suspensión condicional del procedimiento», indicó el juez especializado en delitos económicos, que de esta manera se mantuvo en la postura de rechazar los incidentes y solicitar que la Fiscalía General decida si acusa o se allana también al pedido de suspensión condicional.
Liz Paola Doldán, Vilma González de Doldán, Edison Doldán, Tamara Brunetto Vallet, Manuel Balletbo Cabrera, Charles Edison Doldán, Reinaldo Páez Velázquez y Julio Vera Melgarejo son los procesados por los presuntos hechos punibles de evasión de impuestos y asociación criminal.
La acusación de los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaráz sostiene que los hoy procesados son accionistas de las firmas Mobile Zone Internacional Import-Export, Excellence Import SA y Tenug Internacional SA, y que entre los años 2017 y 2019 evadieron impuestos por más de G. 5.385.743.435. Otra de las empresas mencionadas en la acusación es P&D Import SA, representada por el acusado Páez Velázquez. En el caso particular de esta firma el Ministerio Público alega que se realizaron unas 35 transacciones comerciales de importación, que generaron una evasión al fisco de G. 6.152.466.740, en concepto de Iva e Iracis.
