El juez penal de Garantías Especializado en delitos económicos, José Agustín Delmás resolvió no hacer lugar a el recurso de reposición interpuesta contra la providencia a través de la cual fue admitida la acusación de la fiscal Stella Mary Cano contra el ex intendente de Concepción, Alejandro Urbieta Cáceres y otros, por el hecho punible de lesión de confianza, con relación a un contrato de más de G. 8 mil millones adjudicada a la empresa Conserpar.
La causa ahora pasa al Tribunal de Apelación especializado para su estoy, ya que se había planteado además apelación en subsidio contra la acusación.
En la causa también se encuentran: Alberto Vera Escurra, ex administrador de la municipalidad, Arsenio Domínguez, quien fuera fiscalizador de obras y Rigoberto Vicencini Benítez, propietario de la empresa mencionada.
Según la acusación fiscal, el monto exacto de la adjudicación es de G. 8.199.571.925 para la construcción de desague fluvial, empedrados y adoquinados, contrato que se firmó en el 2016, sin embargo, las obras supuestamente no fueron terminadas y que solo se logró ejecutar G. 6.063.405.010, según el propio ex intendente.
Sobre esta situación, de la ejecución parcial de las obras, se realizó una pericia técnica que logró demostrar que los trabajos realizados solo llegan a G. 4.466.652.321, por lo que el presunto perjuicio patrimonial sería de G. 1.596.752.689.
