La jueza Penal de Garantías, Rosarito Montanía no hizo lugar a los incidentes innominados de cambio de calificación y libertad por compurgamiento de la pena mínima, planteados por el abogado Álvaro Arias en representación del imputado Juan Carlos Osorio, involucrado en el operativo A Ultranza PY.
“Finalmente al efectuar un análisis de lo dispuesto en el Art. 252 numeral 2 del C.P.P., puede advertirse, que el planteamiento expuesto por la defensa en el presente caso, no se encuadra dentro de los presupuestos exigidos en la ley, pues la situación procesal de Juan Carlos Ozorio, no cumple con la exigencia de haber sobrepasado la pena mínima que podría imponérsele en caso de condena, teniendo en cuenta que la calificación provisoria otorgada por esta magistratura, se encuadra dentro de lo previsto en los Arts. 21, 42 y 44 de la Ley 1340/88 y su modificatoria Ley 1881/02, cuyo marco penal es de 05 a 15 años de penitenciaría. Por todo lo expuesto, corresponde no hacer lugar a los incidentes de cambio de calificación y libertad por compurgamiento de pena mínima interpuestos por el abogado Álvaro Arias, en representación de Juan Carlos Ozorio, por improcedente”, sostiene el juez.
El miércoles 2 de marzo de este año, Ozorio renunció a su banda en la Cámara de Diputados y luego fue imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal, y lo enviaron a prisión.
El exlegislador era investigado en el marco de los operativos “A Ultranza PY”, ya que se tiene la sospecha de que el mismo forma parte de una estructura dedicada al lavado de dinero, con vínculos comerciales con los esquemas liderados por Miguel Insfrán.
Las investigaciones contra el exlegislador se realizaron con anterioridad a los allanamientos llevados a cabo en distintos puntos del país y es sindicado de haber facilitado a los hermanos Insfrán la posibilidad de que puedan poner en circulación el dinero proveniente del narcotráfico, a través de la Cooperativa San Cristóbal.
Asimismo, se le atribuye el hecho de haber realizado gestiones para la obtención de la matrícula de un helicóptero que habría sido adquirido para la utilización de la organización criminal cuyo despacho fue realizado por Luis Estigarribia, quien ya fue imputado y que sería piloteado por Gilberto Sandoval.
Por los hechos narrados previamente, la fiscalía sostiene que el exdiputado tendría vínculos con la organización criminal para el tráfico de drogas, en materia de gestión de documentos, medios logísticos y colaboración para la circulación de activos provenientes de actos ilícitos como el tráfico de drogas, entre otros hechos investigados.
