El juez penal de garantías Humberto Otazú deberá decidir si admite o no una nueva imputación presentada contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y otras diez personas, por el presunto hecho punible de lesión de confianza. La causa también incluye al actual diputado Walter García, respecto de quien la Fiscalía solicitó el inicio de los trámites para su desafuero.
La imputación fue presentada por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y María Verónica Valdez, integrantes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, quienes conforman el equipo designado por la Fiscalía General del Estado para investigar el caso.
Según la imputación, Miguel Prieto, en su carácter de ordenador de gastos del patrimonio municipal de Ciudad del Este, habría ocasionado un perjuicio económico aproximado de Gs. 757.166.276 a la Municipalidad de Ciudad del Este entre diciembre del año 2019 y agosto del 2022. El supuesto daño patrimonial surgiría de diferencias entre los montos abonados por el Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este y las obras efectivamente ejecutadas por las empresas SERVMAQ y M&M Constructora en el Hospital Regional de Ciudad del Este.
De acuerdo con la investigación fiscal, el entonces intendente habría autorizado diez transferencias de fondos al Consejo Local de Salud mediante resoluciones municipales. Parte de esos recursos habría sido destinada a obras de infraestructura y refacciones dentro del hospital.
La Fiscalía sostiene que dichas transferencias se habrían realizado sin designación de fiscalizador de obras, sin dictámenes técnicos que certificaran la ejecución de los trabajos y sin una planificación previa, lo que, según el Ministerio Público, contravendría los procedimientos y mecanismos de control previstos para el uso de fondos públicos, especialmente cuando se trata de inversiones físicas.
El expediente también menciona que los aportes habrían sido solicitados tanto por la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad como por integrantes del Consejo Local de Salud, entidad sin fines de lucro que figura como beneficiaria de los recursos. Entre sus miembros se encontraría el actual diputado Walter García, también imputado en la causa.
Según los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, parte de los fondos transferidos se habría destinado a refacciones reiteradas en un mismo espacio del hospital en periodos cortos, además de remodelaciones en áreas médicas, obras en pabellones de Nefrología y Traumatología y la construcción de un pabellón de Unidad de Terapia Intensiva (UTI).
Los fiscales solicitaron al juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los imputados. Asimismo, pidieron que se inicien los trámites ante la Cámara de Diputados para el desafuero de Walter García, a fin de que pueda ser sometido al proceso penal.
Ahora, el juez Humberto Otazú deberá analizar la presentación fiscal y resolver si admite la imputación, además de decidir sobre el pedido de comunicación a la Cámara de Diputados para el eventual tratamiento del desafuero del legislador.
