El Juez Humberto Otazú desestimó la denuncia que presentó el Senado contra la exfiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, por supuesto prevaricato y frustración de la persuasión penal, por la inacción de la Fiscalía en denuncias graves bajo su administración.
Entre las causas «cajoneadas», se mencionaba lo relacionado al informe final de la Comisión Bicameral sobre lavado de dinero y otros delitos conexos en el caso del cambista brasileño Darío Messer, cercano al expresidente Horacio Cartes.
El Fiscal Jorge Arce Rolandi solicitó la desestimación de la denuncia debido a que, supuestamente, se concluyó que Sandra Quiñónez no tomó decisiones contrarias a derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes y se verificó que el Ministerio Público gestionó las denuncias y no hubo omisión dolosa o negligente por parte de la exfiscal general.
Para el agente, Quiñónez no realizó ninguna conducta con relevancia penal respecto al hecho de prevaricato, ya que no se pudo constatar que, del trámite dado de los informes elaborados por la Cámara de Senadores, la misma haya tomado intervención en los despachos designados para la investigación.
“Para que se configura un hecho punible de prevaricato un Juez u otro funcionario público debe resolver una cuestión violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, hecho que no ha ocurrido en la presente causa” se lee en el escrito.
