El juez Rodrigo Estigarribia ratificó la convocatoria para el 23 de junio de la audiencia preliminar del intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR), y otras cinco personas acusadas por estafa y lesión de confianza, causa que investiga un perjuicio de G. 738 millones.
La defensa del jefe comunal solicitó la revocatoria de la citación alegando que promovió una acción de inconstitucionalidad el 8 de junio de este año contra el AI N.º 137 del 29 de mayo de 2026, por el cual el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Primera Sala, confirmó el AI N.º 53 del 13 de abril de 2026, dictado por el juez Estigarribia, que dispuso la reapertura de la investigación penal.
Según la defensa, la realización de la audiencia preliminar podría producir consecuencias procesales “de difícil o imposible” reparación ulterior, particularmente si la Sala Constitucional concluye que la acción penal se encuentra extinguida al momento de dictarse el Auto Interlocutorio N.º 53 de fecha 13 de abril de 2026, principal agravio en la acción.
El magistrado explicó que la resolución impugnada constituye una providencia de mero trámite, no modifica la situación jurídica de los procesados, no restringe derechos ni genera por sí misma un agravio jurídicamente relevante.
Puntualizó además que la sola promoción de una acción de inconstitucionalidad no produce la suspensión automática del procedimiento principal y, en el presente caso, la defensa no ha acreditado la existencia de resolución alguna emanada de la Sala Constitucional que disponga la suspensión de la diligencia, resolviendo así el rechazo.
El expediente fue remitido al Tribunal de Alzada para la tramitación de la apelación subsidiaria.
Junto al jefe comunal están acusados Marcos Isaías Meza Ortiz, Enrique Hugo Delvalle García, Daniel David Sánchez Arza, Flavio Javier Duarte Vallovera y Arnaldo Gauna Martínez.
Según la acusación, se habrían pagado más de G. 738 millones por trabajos que ya estaban ejecutados desde 2022, antes de la firma del contrato en 2023. La investigación sostiene que los acusados avalaron pagos, certificaron obras inexistentes en ese periodo y presentaron documentación irregular, respaldándose en evidencias como denuncias ciudadanas, imágenes satelitales y testimonios.
