El juez Rodrigo Estigarribia rechazó el incidente de nulidad de actuaciones y exclusión probatoria planteado por la defensa del intendente de San Estanislao, Agustín Ovando Espínola, y de María Lourdes Ocampos Enciso, imputados en lesión de confianza, causa vinculada al manejo de fondos de la Municipalidad de Santaní.
La defensa buscaba anular actuaciones realizadas inicialmente por el Juzgado Penal de Garantías de San Estanislao y excluir el Dictamen Pericial N.º 73/24 del Laboratorio Forense del Ministerio Público, argumentando que ese juzgado posteriormente se declaró incompetente y remitió el expediente al fuero especializado.
Estigarribia rechazó el planteamiento al considerar que la exclusión de la pericia es prematura, porque la investigación sigue en etapa preparatoria y todavía no fue ofrecida formalmente como prueba. Ese cuestionamiento podrá plantearse posteriormente, en caso de que la Fiscalía la ofrezca como elemento probatorio.
Además, el magistrado sostuvo que el hecho de que el juzgado de Santaní se haya declarado posteriormente incompetente no implica automáticamente la nulidad de todas las actuaciones que realizó anteriormente.
Según el acta de imputación, se le atribuyen al jefe comunal presuntas irregularidades administrativas y contables durante el ejercicio fiscal 2023, las cuales derivaron en un daño patrimonial total de G. 1.850.242.014.
La Fiscalía detectó la omisión en la aplicación de los fondos de inversión provenientes del impuesto inmobiliario y patente de rodados, que ascienden a la suma de G. 126.511.197. A esto se suma el desvío de un crédito de G. 700.000.000 obtenido mediante una ampliación presupuestaria, para cubrir G. 244.503.333 en jornales y otros G. 116.070.168 en rubros no previstos, totalizando un uso indebido de G. 360.573.501. Tampoco se habilitó la cuenta bancaria obligatoria para la creación del Fondo Especial destinado a pavimentación y obras complementarias, el cual alcanzaba los G. 155.891.197.
Se señala además un incumplimiento de la Ley Orgánica Municipal, al destinar la totalidad de los fondos de Aportes a Municipalidades de Menores Recursos (G. 584.170.302) a gastos corrientes, cuando debían priorizarse obras de inversión. Por último, el Balance General Anual 2023 reveló la omisión de pasivos por obligaciones pendientes de pago y expuso una brecha de G. 623.095.817 entre los ingresos corrientes recaudados (G. 7.989.072.608) y los gastos ejecutados (G. 8.612.168.425), generando un desbalance cuyo origen no fue reflejado en la ejecución presupuestaria.
La causa data del 2024 y en principio fue presentada por el fiscal Walter Melo, sin embargo fue devuelta a la Fiscalía el 15 de enero del 2025 a fin de que agote las diligencias necesarias para esclarecer los hechos atribuidos a ambos.
Fiscalía pide que intendente de Santaní imputado por lesión de confianza no ingrese a la Comuna
