El juez interino Gustavo Amarilla rechazó el habeas corpus reparador que planteó Ever Ramón Otazo, condenado a 3 años 6 meses de cárcel, junto con Rubén Darío Quesnel, por lesión de confianza y estafa por el desvío de G. 3.127 millones en el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). Otazo está prófugo y con orden de captura.
“Nótese, que el hoy accionante en su escrito de promoción de Habeas Corpus no puso a conocimiento de este Juzgador la circunstancia de encontrarse prófugo de la justicia, con orden de captura pendiente, sino que recién en audiencia de sustanciación de Habeas Corpus, ese hecho fue admitido por el propio procesado ante una pregunta hecha por este Magistrado, con lo cual podemos afirmar que este Habeas Corpus debe de ser rechazado por su notoria improcedencia, teniendo en cuenta que, existe un Juzgado natural en lo Penal de la Capital ante quien el mismo debe de recurrir para levantar su orden de captura y allí discutir la legalidad o no de la imposición de medidas cautelares u otra circunstancia que pueda argumentar su defensa y no recurrir a esta Acción Constitucional cuando hay Juez natural y proceso en curso en su contra”, sostiene el juez Amarilla.
En este caso, Quesnel fue condenado a 10 años de prisión, mientras que Óscar Enrique Viera a dos años y seis meses de prisión por el desvío de G. 3.127 millones que debían ser destinados a las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa, ubicada en Presidente Hayes, Chaco.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Víctor Alfieri, Daniel Ferro y María Luz Martínez, el 28 de agosto del 2018, había condenado a los mencionados, mientras el 16 de abril del 2019, el Tribunal de Apelación, integrado por Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Carlos Ortíz Barrios, había confirmado las mencionadas sentencias.
En esta causa también está condenada Marlene Mendoza a seis años y seis meses de pena privativa de libertad.
Según la condena, los G. 3.127 millones debieron ser destinados a las mencionadas comunidades indígenas como pago de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras ser violentamente sacadas de sus tierras y restituidas posteriormente. Sin embargo. En un primer desembolso, Otazo retiró G. 1.000 millones, luego Quesnel, en compañía de los otros funcionarios, el propio Otazo y Mendoza retiraron G. 2.127 millones de un banco de plaza.
Óscar Enrique Viera, ex representante de la ONG Reforest Par, organización que daba asistencia a las mencionadas comunidades, había firmado el recibo de transferencia de la millonaria suma, sin embargo, este había dicho que nunca recibió la plata.
