El juez Penal de Garantías de Feria, Gustavo Amarilla Arnica no hizo lugar al recurso de reposición planteado por los abogados Adán Giubi y Bettina Legal, defensas de Ramón González Daher contra la admisibilidad de la imputación y como la reposición fue acompañado con apelación en subsidio, el magistrado ordenó la remisión del expediente al Tribunal de Apelación.
La defensa de Ramón González Daher, había atacado la admisión de la imputación por extorsión y quebrantamiento de depósito. Sobre este último hecho punible, los abogados manifestaron que el encausado fue imputado en grado de instigador, pero que no existe un autor del quebrantamiento, por lo que no hay prueba de la instigación.
Ante esta situación, el magistrado sostiene que la imputación fiscal presentada por Natalia Cacavelos a parte de identificar al imputado, procede a realizar una subsista descripción de los dos hechos punibles que están imputados en autos en contra de Ramón González Daher, incluso lo realiza en forma separada por presunto hecho punible, en donde describe perfectamente las circunstancias de hechos que en grado de sospecha vincularían al imputado en el mismo.
“La defensa igualmente critica la admisión de esta imputación como agravio haciendo mención de que existen otros procesos donde también se estarían investigando el supuesto hecho punible de hurto y o quebrantamiento de depósito en otras causas, y al respecto este juzgador señala que de lo visualizado en autos y lo expuesto en esta audiencia, no encuentra fundamento alguno para entender que estamos ante un doble Juzgamiento o investigación de un mismo hecho punible, ya que la mera mención de esos sumarios abiertos en investigación en otras Fiscalías o Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, no impide la admisión de la imputación presente que tiene bien descripto sus presupuestos facticos en grado de sospecha”, dice parte del análisis de la resolución.
Según la investigación, en poder de Ramón González Daher supuestamente fueron encontrados varios cheques que serían las robadas del juzgado de Humberto Otazú y que correspondían a Alberto Antebi, con que el encausado pretendía cobrar una deuda.
