En un nuevo giro del caso de lesión de confianza que involucra a Tomas Olmedo y otros acusados, el Juzgado Penal de Garantías ha rechazado el recurso de reposición interpuesto por la defensa del procesado Arnaldo Gauna Martínez. La decisión se tomó tras una audiencia llevada a cabo el 10 de febrero, en la que el Ministerio Público y la querella adhesiva defendieron la postura de que no existieron vulneraciones a las garantías procesales.
El juez Rodrigo Estigarribia rechazó la reposición contra la providencia que negó la abreviación de plazo y recepción de un pedido de sobreseimiento definitivo a favor del intendente de Ñemby, Tomás Olmedo, y otros procesados. El expediente irá a la Cámara de Apelación para el estudio correspondiente.
El recurso, que pretendía revocar la providencia del 3 de febrero de 2025, buscaba la abreviación del plazo de investigación y la presentación inmediata de un requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público. La defensa argumentó que la fiscal Milena Basualdo, quien inicialmente estuvo a cargo de la investigación, había solicitado el sobreseimiento definitivo a favor de todos los imputados. Sin embargo, el Juzgado determinó que dicha petición carecía de sustento y que la decisión de mantener los plazos establecidos no vulneraba derechos constitucionales.
Uno de los puntos clave en la resolución fue la controversia en torno a la presentación electrónica del recurso, el cual fue registrado por una abogada que no tenía legitimación activa para representar al procesado Gauna Martínez. El Juzgado advirtió sobre la importancia de la buena fe procesal y estableció que la representación legal debe ser ejercida por los abogados debidamente acreditados.
Asimismo, se destacó que el Ministerio Público presentó su requerimiento conclusivo en la fecha establecida por el Juzgado, demostrando que se respetaron los plazos procesales y las garantías de todas las partes involucradas. En consecuencia, la resolución mantiene vigente la providencia impugnada y remite el caso al Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos.
Finalmente, el Juzgado impuso las costas procesales al recurrente, basándose en el principio de que la parte vencida debe asumir los gastos judiciales derivados del incidente planteado. Con esta decisión, el caso sigue su curso en la instancia superior, donde se definirá el futuro procesal de los acusados en una causa que ha generado amplio interés público y debate en el ámbito jurídico.
