El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió levantar la prisión preventiva que pesaba sobre Roque Alberto Damián Valdez Centurión, exjefe del Departamento de Tesorería de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) y dispuso en su reemplazo el arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica.
Valdez se encuentra imputado por el Ministerio Público como supuesto cómplice del hecho punible de lesión de confianza, en el marco de una investigación sobre el presunto desvío de más de Gs. 1.100 millones de fondos de la estatal. La medida fue adoptada mediante el A.I. N° 154 de fecha 01 de junio, tras un pedido de revisión de medidas promovido por su defensa, ejercida por el abogado Rolando Bermúdez.
Según la imputación formulada por la fiscal Laura Giacummo el pasado 28 de enero, Valdez habría participado en un esquema mediante el cual, aprovechando su cargo y el acceso al sistema informático administrativo y contable de COPACO, se habrían simulado pagos a proveedores previamente autorizados por la comisión directiva de la institución a través del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP).
Parte de esos fondos, de acuerdo con la investigación, habría sido transferida a cuentas personales de funcionarios imputados en la causa. Al analizar el planteamiento de la defensa, el magistrado recordó que el art. 250 del Código Procesal Penal faculta al juez a sustituir la prisión preventiva cuando ya no concurren todos los presupuestps que justifican su mantenimiento ocuando existen medidas menos gravosas capaces de garantizar la sujeción del imputado al proceso.
Otazú señaló que persiste el peligro de fuga debido a la gravedad de los hechos atribuidos al procesado. Sin embargo, consideró que dicho riesgo puede ser mitigado mediante medidas sustitutivas previstas en el art. 245 del Código Procesal Penal.
Entre los elementos valorados por el juzgado se encuentran los informes médicos presentados por la defensa, según los cuales Valdez posee un solo riñón funcional y requiere tratamiento médico continuo. También se tuvo en cuenta la presentación de cauciones personal y real destinadas a garantizar su sometimiento al proceso.
Como caución real fue ofrecido un inmueble ubicado en la ciudad de Luque, tasado en Gs. 1.042.800.000 y perteneciente a Juan Diógenes Candía Poletti. Asimismo, se presentó una caución personal de Lis Carolina Rodríguez Centurión, quien acreditó ingresos mensuales de Gs. 25 millones.
En consecuencia, el juez dispuso que el imputado cumpla arresto domiciliario en una vivienda ubicada en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Limpio. Además, le impuso la prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin autorización judicial expresa.
La resolución también ordena la colocación de una tobillera electrónica, cuya instalación deberá ser evaluada previamente por el Equipo Técnico de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC). Mientras se concreta la implementación del sistema de monitoreo, la Policía Nacional deberá ejercer un control permanente sobre el cumplimiento de la medida.
El magistrado advirtió que cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas podrá derivar en la revocación de las medidas sustitutivas y el restablecimiento de la prisión preventiva. La investigación sobre el supuetso desvío de fondos de COPACO continúa bajo la conducción del Ministerio Público, mientras los imputados permanecen sometidos al proceso penal correspondiente.
