El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia se declaró incompetente para tramitar la nueva imputación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en la causa por supuesta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Esto en atención a que los hechos imputados versan sobre un supuesto perjuicio patrimonial, cuyo monto no alcanza los 5.500 jornales mínimos, que es requisito de la competencia especializada según la Ley 6.379/2019 “Que crea la competencia en Delitos Económicos y Crimen Organizado en la Jurisdicción del Fuero Penal”.
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, enfrenta una nueva imputación presentada por los fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González. La causa, caratulada “Sebastián Insfrán y otros s/ Lesión de Confianza y otros”, gira en torno al presunto desvío de más de Gs. 311 millones destinados a subcomisiones sociales durante su administración.
De acuerdo con la imputación, en el año 2020 Prieto habría autorizado millonarios desembolsos a la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares y a la Subcomisión de Voluntarios Organizados en Ayuda a Ciudad del Este. Sin embargo, las investigaciones arrojaron que estas organizaciones estaban integradas en gran parte por familiares entre sí y que las rendiciones de cuentas presentaban facturas y documentos presuntamente falsificados.
Los fiscales sostienen que los desembolsos fueron justificados con comprobantes emitidos por empresas que no guardaban relación con los supuestos servicios prestados. Una de ellas, FASV Import/Export, resultó ser un local gastronómico que no vendía los productos detallados en las facturas. Otra, Trans Joa, era propiedad de una de las integrantes de la subcomisión beneficiada.
La imputación también alcanza a varios funcionarios municipales de la época, entre ellos Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán y Nelson Segovia, además de los representantes de las subcomisiones, como Juan Esteban Quiroga Cañete, Marcos David Galeano Fernández, Mirta Elizabeth Battochi y Lumma Magdalena Silva Battochi, entre otros.
El Ministerio Público considera que los hechos configuran los delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, en diferentes grados de participación. Los investigadores destacan que la trama habría sido posible gracias a la complicidad de funcionarios municipales, quienes habrían validado rendiciones de cuentas con fotografías repetidas y facturas sin respaldo real.
En el marco del proceso, los fiscales solicitaron medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados, incluyendo la obligación de firmar el cuaderno de comparecencia mensual, la prohibición de salir del país y una caución real a ser fijada por el juzgado.
Esta imputación se suma a otros procesos judiciales que enfrenta Prieto, quien fue electo intendente en 2019 y se posicionó como uno de los líderes políticos emergentes en el este del país. Sin embargo, las múltiples causas en su contra han puesto en entredicho su proyección política y su rol dentro del movimiento opositor.
La Fiscalía solicitó un plazo de seis meses para concluir la investigación preparatoria y presentar el requerimiento conclusivo.
