El juez Penal de Garantías, José Agustín Delmás resolvió no hacer lugar a la reposición planteada por la defensa del abogado Iván Balbuena, quien sería prestanombre del condenado Ramón González Daher, imputado por el fiscal Augusto Ledesma por el supuesto hecho de apropiación.
Lo llamativo del caso fue que el fiscal Alejandro Cardozo Pereira manifestó, escrito mediante, que la imputación de su colega carecía de los requisitos establecidos para la presentación de una imputación, por lo que se allanó al pedido del abogado de Balbuena.
De igual modo, el juez Delmás sostuvo que la imputación ya admitida cumple con los requerimientos exigidos por la norma procesal penal. Posturas encontradas entre fiscales cuyo primer round gana Augusto Ledesma, atentos a los que resuelva el Tribunal de Apelación.
La investigación tuvo inicio a raíz de una denuncia realizada por la Financiera Finexpar SAECA en fecha 17 de junio del año 2022. Conforme a la denuncia y otras diligencias investigativas se pudo cotejar que, en fecha 10 de junio del año 2015, la mencionada financiera había contratado los servicios del ahora imputado a los efectos de proporcionar servicios profesionales de demanda por cobros de suma de dinero en forma judicial y extrajudicial para las operaciones financieras de clientes, ya sean personas físicas o jurídicas.
En ese sentido, la firma Finexpar SAECA le proporcionó el título ejecutivo bajo la constancia del recibo de la cartera de clientes para poder llevar a cabo los servicios contratados. Conforme a lo estipulado en el contrato de prestación de servicios en fecha 10 de junio del año 2015 y el cual obra en carpeta de administración fiscal, en su cláusula N° 5, el estudio jurídico se ve obligado a presentar a la financiera un informe para que cada uno de esos casos esté bajo su gestión y el uso de sus atribuciones.
Cuando se realizó la auditoría de gestión a cargo del Departamento Jurídico de esa firma, quedó confirmado que existían inconsistencias no solamente en la tramitación de los juicios, sino que también se constató que existían documentos y títulos ejecutivos que le fueron entregados, los cuales, a la fecha de hoy, se presume se encuentran en poder de Balbuena, quien fungía de abogado desde el 2015 hasta la fecha de la denuncia. La auditoría fue presentada ante el Ministerio Público el 20 de julio del año 2022.
Se presume que el imputado tiene en su poder al menos 28 expedientes de clientes de la mencionada firma y el perjuicio patrimonial causado a la firma sería de Gs. 1.645.904.213. Balbuena fue intimado por el Ministerio Público para que presente los documentos correspondientes, sin embargo, hasta hoy día no ha presentado garantías fehacientes que acrediten la devolución de lo solicitado.
