La jueza Ana María Esquivel se opuso al pedido de sobreseimiento provisional que presentó la Fiscalía en relación al intendente de Lambaré Rosa Agustín González, conocido como Guido González, por supuestas intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre, causa iniciada tras la muerte de militares arrastrados por el raudal. Se remitió el expediente a la Fiscalía General para que, en un plazo de 10 días, se ratifique el pedido o se presente una acusación.
Además, el Juzgado Penal de Garantías del Tercer Turno de Lambaré resolvió hacer lugar a la excepción de falta de acción promovida por la defensa del imputado Rosa Agustín González Dans y, en consecuencia, canceló la participación de la querella adhesiva en el proceso por intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre, prevista en el art. 216 del Código Penal. La decisión se tomó tras una audiencia preliminar celebrada el 08 de abril del corriente, en la que el Ministerio Público, representado por la agente fiscal Sophia Galeano, ratificó su pedido de sobreseimiento provisional. El requisito había sido previamente presentado en enero de este año.
Durante la audiencia, los representantes de la querella adhesiva, Pedro Vergara y Miguel Lezcano, se allanaron al pedido fiscal, aunque también solicitaron el control de línea por parte de la Fiscalía General del Estado para asegurar que la causa continúe investigándose, especialmente por la muerte de una de las presuntas víctimas del hecho.
La defensa del imputado, ejercida por el abogado Enrique Bacchetta Chiriani, planteó incidentes clave como la solicitud de abandono de querella y una excepción de falta de acción. Argumentó que el hecho punible investigado, al tratarse de un delito que afecta bienes jurídicos colectivos como la seguridad vial, no otorga legitimación a querellantes individuales, dado que el Ministerio Público es el titular exclusivo de la acción penal en estos casos.
El juzgado coincidió con este análisis jurídico y resolvió que la querella no tenía legitimación para intervenir, cancelando su participación. No obstante, la magistratura indicó que el caso amerita un análisis más profundo por parte de la Fiscalía General del Estado, ante la antigüedad del proceso y la necesidad de definir la salida procesal más adecuada. Por ello, remitió los antecedentes para una evaluación que deberá resolverse en un plazo de diez días.
La querella, por su parte, denunció que la conducta procesal de la defensa vulneró los derechos de las víctimas y adelantó que, de llegar a juicio oral, solicitará la pena máxima para el imputado. Aseguraron también que representan a familiares directos de una persona fallecida en el incidente investigado, cuestión que fue central en el debate jurídico de la audiencia.
