A pedido de la fiscal adjunta Alba Cantero, el juez Humberto Otazú otorgó el sobreseimiento definitivo a unos 7 procesados en el marco de la causa por la caída, en dos oportunidades, del polideportivo Remansito, Villa Hayes. A criterio de la Fiscalía, no existió perjuicio patrimonial y no hay elementos como para llevar el caso a un juicio oral.
El Juzgado de Garantías del Primer Turno en Delitos Económicos y Anticorrupción hizo lugar al sobreseimiento definitivo de varios imputados en la causa Nº 346/2021, que investigaba un caso de presunta lesión de confianza vinculada a la remodelación del Polideportivo Municipal de Remansito en Villa Hayes.
La investigación, que se desarrolló a lo largo de varios años, tuvo su origen en supuestas irregularidades durante la adjudicación y ejecución de la obra contratada por la Municipalidad de Villa Hayes con la empresa Constructora 2A en el año 2019. El monto del contrato ascendía a Gs. 833.970.000 y la Fiscalía había imputado a varios funcionarios municipales y al representante de la constructora por los hechos de lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción.
Tras un análisis detallado de las pruebas presentadas, el agente fiscal Alfredo Mieres solicitó la reapertura de la causa en noviembre del 2024, concluyendo que no existían elementos suficientes para sostener la acusación. Posteriormente, la Fiscal Adjunta Alba Cantero ratificó la solicitud de sobreseimiento definitivo al considerar que la investigación no logró determinar la participación de los imputados en los hechos punibles.
Entre los principales argumentos del Ministerio Público se encuentra la falta de evidencia sobre un perjuicio patrimonial real al municipio y la confirmación de que la obra fue ejecutada conforme a lo estipulado en el contrato. Además, la pericia técnica realizada por el Ministerio Público indicó que el polideportivo estaba en uso y que las modificaciones realizadas no generaban indicios de irregularidades que ameritaran una acción penal.
El juez resolvió, en consecuencia, absolver a los imputados, entre ellos funcionarios municipales y el representante legal de la empresa constructora, destacando que la causa no afecta su buen nombre, reputación y honor. Además, ordenó la remisión del caso a la Corte Suprema de Justicia para su registro.
Esta decisión pone fin a un proceso que generó atención en la opinión pública, debido a la importancia de los recursos invertidos y a la transparencia en la gestión de fondos municipales. A pesar del cierre del caso en el ámbito penal, el debate sobre la fiscalización de las obras públicas sigue vigente en el país.
