Continúa la audiencia preliminar en la causa conocida como «mafia de los pagarés», en un proceso que busca determinar responsabilidades dentro de un presunto esquema de irregularidades en la gestión de cobros judiciales.
La diligencia había incluido la declaración de la jueza de paz suspendida Analía Cibils, considerada una de las principales acusadas, cuya intervención quedó interrumpida y deberá retomarse en una próxima convocatoria. De la audiencia también participan otros 10 acusados en la misma causa.
Durante su exposición ante el juez de garantías Rodrigo Estigarribia, Cibils rechazó haber incurrido en conductas irregulares y sostuvo que sus actuaciones se ajustaron a la normativa vigente. Afirmó que no tenía conocimiento sobre eventuales irregularidades en el diligenciamiento de notificaciones, aspecto clave dentro de la investigación.
La magistrada defendió la legalidad de sus resoluciones y negó la existencia de intencionalidad perjudicial hacia los afectados. En ese sentido, calificó como “sin sustento” cualquier interpretación que atribuya mala fe a los acusados y consideró que tales afirmaciones resultan “absurdas”. Asimismo, señaló que su gestión ya había sido objeto de una auditoría previa, según indicó, solicitada por ella misma y que en dicha revisión no se detectaron irregularidades ni elementos que ameritaran la remisión de antecedentes a otras instancias.
En relación con los embargos, explicó que existe un límite legal del 25% sobre los ingresos, el cual, indicó, es ampliamente conocido en el ámbito judicial. Enfatizó que los jueces no disponen embargos superiores a ese porcentaje y diferenció esta medida de los denominados “descuentos directos”, que, según afirmó, no forman parte de las decisiones adoptadas por los magistrados, sino de mecanismos posteriores que escapan a su competencia directa.
«O sea, tratar de hacer entender que hay maldad o hay mala intención por parte de los hoy acusados es algo sin sustento, algo que produce algo absurdo ¿Por qué nosotros haríamos algo que le perjudique a nadie?», declaró.
Cibils también apuntó a la conducta de algunos deudores, señalando que, en contextos de necesidad económica, muchas personas suscriben documentos sin una lectura detallada de sus implicancias, lo que podría derivar en situaciones conflictivas. En ese contexto, insistió en que la responsabilidad de los jueces se limita a autorizar los embargos solicitados conforme a derecho.
La audiencia preliminar proseguirá con el análisis de los elementos presentados por el Ministerio Público y las defensas, en un caso que ha generado atención pública por el alcance de las presuntas irregularidades en el sistema de cobro judicial.
