La juez de garantías Rosrito Montanía autorizó la extracción de datos del teléfono celular de Mirna Esther Díaz Brítez, secretaria y persona de confianza de la escribana María Raquel Cáceres Olmedo, en el marco de la investigación conocida como “Copia Fiel”, derivada del expediente principal abierto contra Alexandre Rodrigues Gomes por presunto lavado de activos.
El A.I. Nº 93 de fecha 13 de mayo de este año, fue dictado a pedido del fiscal José Martín Morínigo, quien solicitó autorización judicial para que el Laboratorio Forense del Ministerio Público realice una pericia informática sobre un teléfono Samsung Galaxy A14 entregado voluntariamente por Díaz Brítez durante su comparecencia ante la Fiscalía.
Según los antecedentes del caso, la mujer acudió el pasado 12 de mayo ante el Ministerio Público acompañada por su abogado, con el propósito de prestar su declaración indagatoria. No obstante, pidió la suspensión del acto y la fijación de una nueva fecha para el efecto. En esa ocasión, entregó de manera voluntaria su teléfono celular, señalando que el dispositivo podría contener información relevante para el esclarecimiento de los hechos y solicitando que le sea devuelto lo antes posible por tratarse de su herramienta de trabajo.
La causa se enmarca en la investigación de las maniobras que habrían sido ejecutadas para transferir bienes pertenecientes a Rodrigues Gomes, quien fue detenido el 19 de agosto del año 2024 en el marco del operativo “Pavo Real PY II”, una de las mayores investigaciones sobre narcotráfico y lavado de dinero en nuestro país.
De acuerdo con el Ministerio Público, pese a que sobre el procesado pesaba una inhibición general para enajenar y gravar bienes dictada por el juez Osmar Legal, este habría articulado un esquema destinado a frustrar el eventual comiso de su patrimonio. La supuesta maniobra consistía en alterar registros informáticos de la Dirección General de los Registros Públicos y simular contratos de compraventa para transferir formalmente sus propiedades a personas de confianza, sin perder el control efectivo de los bienes.
La Fiscalía sostiene que, para otorgar apariencia de legalidad a estas operaciones, se recurrió a escribanos y notarios encargados de formalizar e inscribir las transferencias. En este contexto, María Raquel Cáceres Olmedo fue imputada por su presunta participación en el esquema.
Dentro de la pesquisa, Mirna Esther Díaz Brítez fue identificada como una persona que habría desempeñado funciones relevantes en las gestiones vinculadas a las transferencias patrimoniales investigadas. El Ministerio Público señala que, en su calidad de secretaria de confianza de la escribana imputada, podría contar con información clave para reconstruir la operatoria.
La juez Montanía consideró que existen sospechas fundadas de que el teléfono y las tarjetas SIM entregadas por la investigada contienen elementos de convicción útiles para determinar la participación de los involucrados e incluso identificar a otros integrantes de la estructura bajo investigación.
La magistrada autorizó a la ingeniera María Victoria Fleitas, del Laboratorio Forense del Ministerio Público, a extraer datos actuales y eliminados del dispositivo. La pericia abarcará mensajes de texto, conversaciones de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería; registros de llamadas entrantes, salientes y perdidas; agenda de contactos; fotografías y videos almacenados y eliminados; archivos de audio y documentos descargados; correos electrónicos vinculados; historial de navegación y contenido alojado en la papelera de reciclaje y cualquier otro dato relevante para la investigación.
La resolución también faculta a las defensas de María Raquel Cáceres Olmedo, Alexandre Rodrigues Gomes y de la propia Mirna Esther Díaz Brítez a designar peritos de parte y proponer puntos adicionales de pericia, conforme al art. 219 del Código Procesal Penal.
La juez destacó que la medida afecta la esfera de intimidad de la propietaria del teléfono, razón por la cual era indispensable una autorización judicial, en cumplimiento de lo establecido en el art. 36 de la Constitución Nacional, que garantiza la inviolabilidad del patrimonio documental y de las comunicaciones privadas. Asimismo, ordenó la participación de un defensor público especializado de turno para resguardar los derechos de terceros que eventualmente puedan verse alcanzados por la información extraída del dispositivo.
En su resolución, Montanía subrayó que, en investigaciones de crimen organizado, los teléfonos celulares suelen constituir una fuente esencial de evidencia digital y que la urgencia de la diligencia estaba justificada por el riesgo de pérdida o alteración de datos, así como por la proximidad de los feriados del 14 y 15 de mayo.
La pericia fue programada para el mismo 13 de mayo, luego del juramento de la perito designada, con el objetivo de preservar la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información que pudiera incorporarse posteriormente como evidencia en un eventual juicio oral.
