La jueza en lo Civil y Comercial Lizza Reyes comunicó vía providencia al Instituto de Previsión Social y Contraloría General de la República, que aceptó el caso, en cuanto al requerimiento de este último de documentos e informes respecto a la deuda del ente previsional con las farmacéuticas. Las cajas con los documentos quedaron en la oficina de la citada magistrada.
En la víspera, el juez José Guillermo Trovato Fleitas resolvió intimar a la previsional a que presente dicha documentación en el plazo de 24 horas, que corre desde la notificación. La intimación es bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el artículo 1 de la ley 4711, es decir, remitir los antecedentes para la investigación por desacato a una orden judicial.
La Contraloría pide, entre puntos, copia de contratos, órdenes de compra, facturas, listado de proveedores que recibieron pagos con fondos de los préstamos otorgados por bancos de plaza, con el respaldo documental, etc.
En la fecha, Raúl Vargas, abogado del IPS recusó al juez Trovato sin expresión de causa, por lo que la causa fue a parar hasta el juzgado de Reyes, quien aceptó el caso.
