La juez de Ejecución Lidia Wyder rechazó un pedido de tutela jurisdiccional que presentó María Virginia Araki, esposa de Federico Santoro, para obtener una autorización a fin de seguir la carrera de derecho de forma virtual desde su lugar de reclusión.
El juzgado concluyó que no fueron vulneradas garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, puesto que, durante su tiempo de reclusión, la mujer accedió a programas de estudio y de capacitación.
María Virginia Araki, se encuentra con prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Mujeres “Serafina Dávalos”, de Coronel Oviedo. La solicitud buscaba habilitar el acceso a clases virtuales de la carrera de Derecho en la Universidad Americana, así como el ingreso controlado de una notebook para ese fin.
Los abogados Víctor Medina Silva y Hugo López alegaron que su defendida, quien ya cuenta con títulos universitarios en Administración de Empresas y Comercio Internacional, buscaba aprovechar su tiempo de reclusión de manera productiva, accediendo a formación académica como una vía de dignificación y reinserción social. La defensa resaltó que el acceso a la educación es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado, incluso en contextos de encierro.
Durante la audiencia celebrada en la penitenciaría, Araki expresó su deseo de continuar sus estudios y relató que ya participa en diversos programas de capacitación: cursos de electricidad (impartidos por el SNPP), crochet, clases con base bíblica y otras actividades educativas dentro del penal. Aseguró que su intención era dar ejemplo a otras internas.
Sin embargo, la magistrada consideró que no se encuentran vulnerados los derechos fundamentales de la interna, ya que el penal cuenta con convenios vigentes con instituciones como la Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC), lo que ha permitido a otras reclusas acceder a educación terciaria virtual bajo estrictos controles penitenciarios.
Por su parte, el Ministerio Público, a través de la fiscal Dominica Zayas, también se opuso al pedido, alegando que el delito por el cual fue procesada Araki es de alto impacto social y que medidas como la solicitada podrían afectar las disposiciones de seguridad establecidas en el penal.
En consecuencia, la magistrada resolvió rechazar la solicitud de tutela jurisdiccional, destacando que el acceso a la educación ya está garantizado a través de programas institucionales existentes y que cualquier iniciativa educativa debe respetar los protocolos internos del centro penitenciario.
