La jueza Penal de Garantías Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de la pareja de Alberto Koube, María Noelia Colman, imputada por lavado de dinero en la causa A Ultranza PY, por haber recibido supuestamente beneficios, inclusive una vivienda ubicada en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, de la empresa Tapiracuai S.A, que habría lavado dinero del narcotráfico, liderado por Sebastián Marset. La mencionada se encuentra recluida en el Correccional de Mujeres del Buen Pastor.
Los abogados Rodrigo Álvarez y Mario Alberto Bobadilla habían solicitado la revisión de medidas para su representada con el argumento de que la misma tiene arraigo suficiente, al presentar una caución real de un inmueble valuado en G. 1.049.262.000, ubicado en el barrio Santísima Trinidad de Asunción y con esto justificar suficientemente el arraigo de la mujer y descartar cualquier peligro de fuga.
“Sobre la garantía real ofrecida, resulta importante advertir además, que si bien el inmueble no cuenta con medida cautelar de carácter real, la incoada María Noelia Colman, co-propietaria del citado inmueble, cuenta con una restricción de inhibición general de vender y gravar bienes, dispuesta por esta Magistratura, mediante el Auto Interlocutorio N° 56 de fecha 18 de marzo de 2022, por lo que mal podría ofrecer en garantía dicho inmueble, pues no cuenta con la disposición jurídica para hacerlo, sin dejar de mencionar que no existe constancia alguna de que los hermanos (co-propietarios del inmueble) hayan prestado su conformidad para dicho ofrecimiento; por lo que a criterio de esta Magistratura los elementos que hacen a la justificación de la medida cautelar de prisión preventiva con relación a la incoada a la fecha siguen latentes y los argumentos expuestos por la defensa no tienen la entidad suficiente para desvirtuar los motivos que fueron considerados inicialmente”, explica la jueza en su resolución.
María Noelia Colman fue detenida el 22 de febrero pasado, cuando el Ministerio Público, con la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) a través de su unidad SIU-SENAD, en el marco de tareas de inteligencia coordinadas con la D.E.A, la EUROPOL, con sede en La Haya, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de Uruguay, iniciaba la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay, en la que se han desarrollado 58 allanamientos en diferentes puntos del país.
