El viernes pasado, cuatro magistradas de Ejecución de la Capital realizaron un procedimiento de control en la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua y revelaron la existencia de celdas VIP que contaban con electrodomésticos, provisiones abundantes de alimentos e incluso la presencia de mujeres dentro de los pabellones, una situación que calificaron como irregular y contraria al principio de igualdad entre internos.
Las magistradas Sandra Kirchhofer, Luz Rossana Bogarín, Cynthia Sostoa y Lydia Wyder elevaron un informe a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con copia al Ministerio de Justicia, detallando los hallazgos que consideran evidencias claras de corrupción y trato privilegiado dentro del sistema penitenciario.
Según relataron, el procedimiento se inició a las 07:30 horas y se extendió hasta las 14:30 horas. En un recorrido aleatorio por diferentes sectores, constataron que algunos internos residían en espacios con aire acondicionado, heladeras, carne en abundancia, camas confortables y hasta servicio de limpieza y cocina brindado por otros reclusos. “Esto refleja una desigualdad evidente, no puede haber clase A y clase B entre internos”, subrayaron las juezas.
Lo que más llamó la atención fue que, al momento de requerir explicaciones, las autoridades penitenciarias mostraron una total falta de control; el director no tenía las llaves de las celdas inspeccionadas, no conocía los nombres de los internos y se negó a firmar el acta labrada por las magistradas. Incluso, en algunos casos, los propios guardias y reclusos se mostraron reticentes a colaborar.
Las magistradas también señalaron irregularidades en la falta de registro sobre incautaciones de celulares y drogas, así como omisiones en la comunicación al Ministerio Público de hechos de agresión y lesiones entre internos. Todo esto fue consignado en el acta del procedimiento. “No estamos en contra de que los internos vivan bien, lo que cuestionamos es el origen de los recursos y la evidente diferencia de condiciones, lo que apunta a un esquema de corrupción enquistado en el sistema penitenciario”, explicó la juez Kirchhofer.
El informe elevado a la Corte advierte que estas prácticas, si no son combatidas con firmeza, continuarán debilitando la credibilidad de las instituciones encargadas de la custodia y reinserción social de las personas privadas de libertad. Las juezas exhortaron a que se adopten medidas interinstitucionales inmediatas para frenar lo que calificaron como “un mal evidente, enraizado en el sistema carcelario”.
