El fiscal Luis Piñánez informó que el juicio oral y público seguido contra el exasistente fiscal Antonio Ramón Petters se encuentra en su etapa final de producción de pruebas, con la exhibición de audios y videos obtenidos durante la investigación fiscal, tras lo cual las partes pasarán a la fase de alegatos finales.
Durante una entrevista concedida a PDS Radio, el agente del Ministerio Público explicó que actualmente se están incorporando al juicio las evidencias técnicas que forman parte central de la acusación, consistentes en registros audiovisuales relacionados con las supuestas negociaciones mantenidas entre la víctima y las personas acusadas.
Según señaló, dichos elementos fueron obtenidos en el marco de la investigación con autorización judicial y están siendo exhibidos ante el Tribunal de Sentencia como parte del periodo probatorio. “Una vez culminada esta prueba, ya concretamente se cerraría el periodo probatorio y se pasaría a la etapa de exposición de alegatos por parte de las partes”, indicó.
Consultado sobre las dificultades que presentan este tipo de causas, Piñánez afirmó que los hechos vinculados a presuntos actos de corrupción o tráfico de influencias suelen representar un desafío para los investigadores, debido a que generalmente son denunciados una vez consumados y requieren la obtención de evidencia técnica que permita corroborar los hechos denunciados.
El fiscal señaló además que la complejidad aumenta cuando las personas investigadas cumplen funciones dentro del sistema de administración de justicia, circunstancia que exige una investigación rigurosa y respaldada por medios probatorios sólidos. En ese sentido, destacó que la Fiscalía tiene la obligación de demostrar los hechos atribuidos a los acusados y que las pruebas técnicas deben reunir condiciones que permitan al Tribunal valorar adecuadamente la acusación al momento de dictar sentencia.
Durante el desarrollo del juicio también volvió a prestar declaración el fiscal Alfredo Mieres, quien era titular de la unidad fiscal donde se tramitaba la causa que originó la denuncia.
Piñánez recordó que la denuncia inicial hacía referencia a un supuesto pedido de dinero realizado por un abogado en nombre del fiscal. Sin embargo, explicó que la investigación desarrollada por el Ministerio Público únicamente permitió reunir elementos que vinculaban al entonces asistente fiscal y al abogado que habría actuado como intermediario.
Según el agente fiscal, esa circunstancia motivó que la acusación se dirigiera exclusivamente contra dichas personas. Asimismo, señaló que la defensa intentó instalar la tesis de que la investigación fue parcial y que la Fiscalía no investigó al supuesto verdadero responsable de los hechos, insinuando la existencia de corporativismo institucional.
Respecto a la declaración de Mieres, indicó que el agente fiscal negó haber tenido conocimiento de cualquier conducta ilícita y rechazó cualquier participación en los hechos investigados.
Posteriormente, la defensa solicitó una nueva comparecencia del fiscal tras la exhibición de determinados audios y videos, argumentando la existencia de elementos que ameritaban una nueva declaración. No obstante, Piñánez sostuvo que, a su criterio, la segunda comparecencia no aportó nuevos elementos relevantes al proceso, aunque reconoció que la defensa podría utilizar ese testimonio como parte de su estrategia al momento de presentar los alegatos finales.
En relación con las expectativas de pena, Piñánez explicó que el exasistente fiscal enfrenta cargos por tráfico de influencias, delito previsto en la legislación especial contra el enriquecimiento ilícito y la corrupción en la función pública. Según detalló, la acusación sostiene que el entonces funcionario habría utilizado el cargo que ocupaba dentro del Ministerio Público para ofrecer una supuesta intervención favorable en una causa penal que afectaba al esposo de la denunciante, a cambio del pago de dinero.
De acuerdo con la hipótesis, el pedido económico tenía como finalidad influir en el desarrollo de una investigación que se tramitaba en la ciudad de Villa Hayes. El fiscal aclaró que el caso fue encuadrado como tráfico de influencias y no como cohecho pasivo, debido a que el asistente fiscal no tenía facultades para adoptar decisiones dentro del proceso ni para ejecutar directamente actos propios de la función fiscal.
Respecto al abogado acusado, explicó que fue procesado en calidad de cómplice, ya que la Fiscalía considera que su intervención fue fundamental para transmitir a la denunciante la supuesta exigencia económica y presentarla como la única vía para solucionar la situación judicial de su esposo.
Piñánez indicó que la expectativa de pena puede alcanzar hasta cinco años de prisión para el funcionario público acusado como autor, mientras que la eventual sanción para el abogado podría ser menor debido a la diferencia en el grado de participación atribuido.
