Efraín Lozano, abogado defensor del juez Amado Arsenio Yuruhan Díaz, afirmó que el juicio oral y público previsto en la causa por presunto acoso sexual y coacción grave no podrá iniciarse mientras permanezcan sin resolución varios recursos planteados ante la Corte Suprema de Justicia.
Según explicó el profesional, uno de los principales obstáculos es un recurso de casación presentado en febrero de este año contra resoluciones dictadas durante la etapa preparatoria y la audiencia preliminar. A criterio de la defensa, mientras ese planteamiento no sea resuelto, el Tribunal de Sentencia de Boquerón debe suspender cualquier actuación relacionada con el juzgamiento.
Lozano agregó que el lunes presentó una solicitud de pronunciamiento a la Corte , a fin de que se analice la admisibilidad del recurso y puedan revisarse los incidentes que fueron rechazados durante la audiencia preliminar.
El abogado indicó que también se encuentra pendiente una acción de inconstitucionalidad promovida por el propio Yuruhan, acompañada de un pedido de medida cautelar para suspender el inicio del juicio. Según sostuvo, esta acción no se basa en el recurso de casación, sino en cuestionamientos a la integración y competencia del tribunal encargado de juzgar la causa.
De acuerdo con la versión de la defensa, la audiencia preliminar fue realizada por el juez penal de garantías Elvis Bernal pese a que existía una recusación en su contra. Por ese motivo, Yuruhan considera que el proceso presenta irregularidades y solicita que la causa sea retrotraída hasta la realización de una nueva audiencia preliminar.
Lozano señaló además que su defendido no tiene confianza en el colegiado de sentencia y sostiene que existe una intención de avanzar con el juicio a pesar de los recursos aún pendientes de resolución, incluyendo otra acción presentada contra la providencia que fijó la fecha para el inicio del debate oral.
Durante sus declaraciones, el abogado también afirmó que Yuruhan denunció una supuesta persecución atribuida al ministro César Garay Zuccolillo, quien se desempeña como superintendente de la circunscripción judicial correspondiente.
Según Lozano, esta situación se habría originado luego de que el magistrado realizara reiterados pedidos de informes relacionados con la falta de insumos y otras necesidades administrativas en su jurisdicción. El juez presentó personalmente una denuncia por persecución de inocentes; sin embargo, de acuerdo con la defensa, la investigación fue desestimada por el Ministerio Público sin que se profundizaran las diligencias.
Esa decisión fue apelada, pero posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones. Ante ello, la defensa interpuso un recurso de casación que, según indicó Lozano, continúa pendiente de resolución ante la Corte Suprema.
El abogado manifestó finalmente que han puesto en conocimiento de la Corte las actuaciones relacionadas con el caso, con el objetivo de que se revisen las circunstancias que, a criterio de su defendido, configuran una persecución de carácter jurisdiccional.
