Este viernes 13 de marzo está prevista la conclusión del juicio oral y público contra dos mujeres acusadas de trata de personas cuya presunta víctima fue una adolescente de 16 años. La audiencia final se desarrolla desde las 08:30hs en la sede del Juzgado de Crimen Organizado, ubicada en el quinto piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia de la capital.
Durante la jornada, el Ministerio Público, representado por la agente fiscal Vivian Coronel, expondrá sus alegatos finales y solicitará la sanción penal que considere correspondiente conforme a derecho. La causa es tramitada por la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes del Ministerio Público en el departamento de Alto Paraná.
De acuerdo con los antecedentes del caso, las acusadas habrían captado a la adolescente mediante engaño, bajo la promesa de recibir formación religiosa. Según la acusación fiscal, una de las mujeres retiró a la menor de su hogar ubicado en el kilómetro 13 Acaray del distrito de Minga Guazú y la trasladó inicialmente hasta un establecimiento en el kilómetro 14 de la misma zona. Las acusadas son las monjas Olga Bogado Cubas y Rufina Salinas Acuña.
En ese lugar, la adolescente habría sido sometida a un régimen de servidumbre y maltratos. De acuerdo con la investigación, se le habría obligado a vender pan y pedir limosnas antes de ser trasladada posteriormente hasta la ciudad de Luque, donde quedó bajo la custodia de la otra acusada.
Los informes incorporados al proceso señalan que la víctima habría permanecido en un contexto de trabajos forzados y condiciones de servidumbre. Asimismo, se describen castigos físicos y tareas domésticas extenuantes que, según la acusación, se extendían hasta altas horas de la madrugada.
La investigación también sostiene que las acusadas habrían mantenido a la adolescente incomunicada y le habrían impedido regresar con su familia, utilizando amenazas para asegurar su permanencia en el lugar. Según el Ministerio Público, también se habría ejercido presión para que la menor proporcionara versiones falsas a sus familiares sobre su situación personal.
Los informes médicos y psicológicos incorporados a la causa refieren la existencia de afectaciones derivadas del trato recibido durante el tiempo en que la adolescente permaneció bajo la custodia de las acusadas. Tras la denuncia del caso, la Unidad Especializada activó los protocolos de protección integral para resguardar a la víctima.
Las dos mujeres fueron posteriormente detenidas y puestas a disposición de la justicia, iniciándose el proceso penal que ahora se encuentra en su etapa final. Con la presentación de los alegatos finales del Ministerio Público y de la defensa, el tribunal deberá deliberar y emitir el fallo que determine la responsabilidad penal o no de las acusadas.
