Este martes 07 de abril, a partir de las 07:30hs, se inicia en el Palacio de Justicia de Villarrica el juicio oral contra una empresa criptominera acusada de generar polución sonora durante un periodo de seis meses en el año 2024, en un caso que marca un precedente en materia ambiental en nuestro país.
Según la acusación del Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido entre junio y noviembre de ese año, cuando vecinos de un barrio de la ciudad denunciaron ruidos constantes que superaban los límites establecidos por la normativa municipal. La instalación pertenece a la empresa Dyn Ingeniería S.A., subsidiaria de la firma internacional Bitfarms, dedicada a la minería de criptomonedas y con cotización en las bolsas de Toronto y Nueva York.
De acuerdo con la investigación, la exposición prolongada a estos niveles de ruido habría ocasionado afectaciones a la salud física y mental de los residentes, así como daños materiales en algunas viviendas, extremos que, según el Ministerio Público, se encuentran respaldados por mediciones técnicas y otros elementos probatorios incorporados a la causa. Las denuncias iniciales incluyeron gestiones ante autoridades municipales y procesos de mediación, que no lograron una solución al conflicto.
La Fiscalía formuló imputación en noviembre del año 2024 y posteriormente presentó acusación el 14 de mayo del 2025 contra Juan Ignacio Marcilio, representante legal de la empresa multinacional Bitfarms, que opera en Villarrica desde junio del 2024. En atención al juicio, el Ministerio Público pdría solicitar una pena de 10 años de prisión, con base en el art. 198 del Código Penal, que sanciona los hechos punibles contra el medio ambiente. La causa está a cargo de la fiscal Jadiyi Ortiz.
El proceso es considerado inédito por abordar la presunta responsabilidad penal derivada de la actividad de criptominería en relación con la contaminación acústica. El juicio será seguido por medios internacionales y contará con la presencia de observadores de organizaciones como Amnistía Internacional y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.
Además del análisis de los hechos concretos, el caso reaviva el debate sobre la instalación de industrias tecnológicas en zonas urbanas, en particular en lo relativo a la planificación territorial y la necesidad de establecer áreas específicas para este tipo de actividades. También pone en relieve los desafíos que enfrentan los municipios para actualizar sus normativas y fortalecer sus mecanismos de control ante el avance de nuevas tecnologías.
El desarrollo del juicio podría tener implicancias relevantes en la interpretación y aplicación de las normas ambientales en Paraguay, especialmente en lo referente a la protección del derecho a un ambiente saludable, así como en la regulación futura de actividades vinculadas a la economía digital.
