El presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministro César Diesel, realizó una evaluación general de la gestión judicial y de los principales desafíos que enfrenta actualmente el Poder Judicial, destacando la importancia de los informes anuales como una herramienta de revisión institucional. Según expresó, este ejercicio permite repasar lo actuado durante el año, identificar aciertos y errores y corregir rumbos cuando resulte necesario.
En ese contexto, el ministro señaló que la Corte cuenta ya con un Plan Institucional 2026–2030, en el que se establecen las prioridades estratégicas que orientarán la actuación del Poder Judicial durante los próximos cinco años. Dicho plan, explicó, busca dar previsibilidad a la gestión y ordenar las políticas judiciales a mediano plazo.
Uno de los puntos centrales abordados por el titular de la Corte fue la situación de los juzgados de paz, especialmente a raíz de las irregularidades detectadas en causas vinculadas a la llamada mafia de los pagarés. Diesel aclaró que el problema no se limita únicamente a los pagarés, sino que responde a una revisión más profunda sobre el funcionamiento y la competencia de estos juzgados en todo el país.
El presidente de la Corte sostuvo que la sobrecarga de trabajo en algunos juzgados de paz incidió negativamente en la tramitación de los procesos, lo que derivó en prácticas irregulares que hoy están siendo investigadas y sancionadas. En ese sentido, explicó que, con el paso del tiempo, se ampliaron las competencias de estos juzgados sin un refuerzo proporcional de recursos humanos ni estructurales.
Ante esta situación, Diesel adelantó que el próximo año será clave para analizar cómo continuará la jurisdicción de los juzgados de paz, evaluando si cuentan con la capacidad necesaria para atender la diversidad y volumen de causas que actualmente les son asignadas. Este proceso, dijo, deberá realizarse con responsabilidad institucional y visión de largo plazo.
Respecto a las auditorías, el ministro confirmó que la Corte continuará con los controles de gestión jurisdiccional en la medida que sea necesario. Aseguró que, cuando se detecten hechos que puedan revestir carácter penal, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, como ya ocurrió en varios casos. Además, recordó que se dispusieron suspensiones de funcionarios y magistrados como parte de las medidas adoptadas.
El presidente de la Corte también se refirió a la reciente ley aprobada por el Congreso, que establece mecanismos para el levantamiento de embargos en determinadas circunstancias. Indicó que esta normativa aclaró los límites de actuación de la Corte Suprema, ratificando que cada juez es independiente y que solo los magistrados intervinientes pueden disponer levantamientos o reducciones de embargos.
En relación con los pedidos de juicio político contra los ministros de la Corte, Diesel afirmó que la institución toma la situación con calma. Sostuvo que la nueva ley vino a confirmar que la Corte no tenía atribuciones legales para intervenir directamente en los levantamientos de embargos, lo que, a su criterio, respaldó la postura institucional sostenida desde un inicio.
Consultado sobre la reunión mantenida con el presidente de la República Santiago Peña y otros referentes, el ministro indicó que los temas tratados fueron oportunamente expuestos en sesión plenaria de la Corte. Señaló que se abordaron cuestiones presupuestarias y otros asuntos institucionales, remarcando que lo conversado puede verificarse en las grabaciones oficiales.
Finalmente, al referirse a proyectos legislativos que afectan la estructura del Poder Judicial, como la eliminación de la rotación en la superintendencia, el presidente de la Corte afirmó que la decisión final corresponde al Poder Ejecutivo. Indicó que la Corte respeta el proceso constitucional y aguardará la determinación que adopte el presidente de la República.
