El Juez Humberto Otazú ratificó la prisión preventiva de Glauber Fernandez Dubal, Adalberto Riveiro Machado, Jonathan Da Silva Brum, Bruno Wesley Borges Amador y Rhuan Da Silva Aires, imputados por tráfico de drogas, introducción y exportación de sustancias y asociación criminal.
Los mismos habían sido detenidos el 23 de febrero del año 2023 durante un procedimiento realizado en la zona de Lagerenza, en el Chaco paraguayo, cerca de la frontera con Bolivia.
Durante la audiencia, la defensa técnica, representada por el abogado Daniel Garcete solicitó el arresto domiciliario para los procesados, argumentando que ya habían cumplido la pena mínima establecida para los delitos imputados. Además, ofrecieron fianzas personales y bienes inmuebles como precaución para garantizar su sometimiento al proceso.
Sin embargo, el juzgado demostró que las garantías presentadas no eran suficientes para descartar el peligro de fuga o de obstrucción a la justicia. En su resolución, la magistratura señaló que los procesados enfrentan cargos con penas que oscilan entre los 5 y 25 años de prisión, lo que aumenta el riesgo de que intenten evadir el proceso penal. Asimismo, se destacó que los bienes ofrecidos como precaución tenían documentación desactualizada, lo que impedía verificar su situación legal.
Los acusados fueron imputados por la agente fiscal Laura Ávalos Amarilla, quien el 23 de agosto del 2024 presentó la acusación y solicitó la apertura de un juicio oral y público. Se les atribuye la comisión de hechos punibles relacionados con el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas de fuego de uso privativo de los órganos de seguridad del Estado.
El juzgado también enfatizó que la prisión preventiva es proporcional a la posible condena que podrían recibir en caso de ser hallados culpables. Además, resaltó que la medida cautelar está justificada bajo la Convención Americana de Derechos Humanos, que permite la privación de libertad cuando estén reunidos los requisitos para tal fin, asegurando el sometimiento de los procesados a la acción penal y buscando salvaguardar el bienestar de la ciudadanía en general.
