La Cámara de Apelación ratificó que el expediente de la causa contra Armando Javier Rotela Ayala, líder del Clan Rotela, seguirá tramitándose en el juzgado de Ejecución de Delitos Económicos y Crimen Organizado. La defensa buscaba que sea llevado al juzgado de Ejecución de Cordillera.
La abogada defensora, Daniela Cuevas, argumentó que, debido a que Rotela se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza” de Emboscada, el caso debía ser transferido al Juzgado de Ejecución de Cordillera. Sin embargo, la Alzada sostuvo que la competencia del proceso pertenece a la jurisdicción especializada en crimen organizado, conforme a la Ley 6379/2019 y la Acordada 1406/2020 de la Corte Suprema.
El expediente judicial revela que Rotela fue condenada en 2020 a 19 años de prisión por narcotráfico, junto con ocho años adicionales de medidas de seguridad, lo que eleva su condena total a 27 años. Según el cómputo de su pena, podría acceder a la libertad condicional en 2028, pero deberá cumplir la medida de seguridad hasta 2042. Además, el Tribunal tomó en cuenta sus antecedentes de fuga, ya que en 2012 escapó de prisión y fue recapturado en 2016.
Por su parte, la Fiscalía respaldó la resolución judicial, argumentando que la defensa no presentó fundamentos sólidos para modificar la jurisdicción del caso. Además, enfatizó que el sistema de justicia debe evitar que los condenados por narcotráfico intenten influir en el proceso mediante estrategias legales. La juez de ejecución también subrayó que, en delitos de crimen organizado, la especialización del tribunal es prioritaria sobre cualquier criterio territorial, garantizando un control más riguroso sobre el cumplimiento de la pena.
Con esta decisión, el proceso se mantendrá bajo la jurisdicción especializada en crimen organizado, y Rotela seguirá cumpliendo su condena en el penal de Emboscada, sin posibilidad de cambio de jurisdicción. El fallo marca un precedente en el tratamiento judicial de delitos vinculados al narcotráfico en, reforzando la postura del Estado contra intentos de manipulación procesal y asegurando que las penas impuestas se cumplan de manera íntegra.
