El juez de Ejecución de Delitos Económicos Carlos Mendoza rechazó las excepciones de incompetencia en el caso de las irregularidades en la construcción de obras en 15 instituciones educativas que causaron un perjuicio de Gs. 859 millones durante la administración de Roberto Cárdenas en la Municipalidad de Lambaré.
Los recursos fueron planteados por el ex director de administración y finanzas del municipio, Guido Salcedo, condenado a 6 años de cárcel y por el jefe de Obras, Alejandrino Duarte, condenado a 3 años de pena privativa de libertad. Ambos buscaron frenar el inicio de la ejecución de sus sentencias con el argumento de que las resoluciones judiciales aún no se encontraban firmes. Sin embargo, el Juzgado concluyó que los planteamientos carecen de fundamento legal y rechazó ambas excepciones por “notoria improcedencia”.
Tanto Salcedo como Duarte se encuentran actualmente prófugos. Pese a ser intimados a presentarse ante el juzgado o en cualquier comisaría o penitenciaría del país, ninguno de los dos se ha puesto a disposición de la justicia. En cambio, presentaron incidentes para evitar la ejecución de sus respectivas condenas, alegando la falta de firmeza de la sentencia S.D. Nº 539 de fecha 21 de diciembre del año 2021.
Los argumentos de las defensas se basaban en la existencia de recursos de aclaratoria, en particular, sobre las costas procesales y en la vigencia de la Acordada Nº 1807 de la Corte Suprema, que reorganizó la competencia de los juzgados de ejecución. Sin embargo, ni el Juzgado ni el Ministerio Público consideraron que estas acciones interrumpieran la ejecutoriedad de las sentencias.
El Ministerio Público señaló que no se puede litigar en la clandestinidad y que los recursos planteados no afectan el fondo de las condenas. Los fiscales destacaron que las sentencias ya están firmes y que no existe pendiente ninguna casación ni acción de inconstitucionalidad que pueda suspender su ejecución.
Ante la persistente incomparecencia de los condenados, el juez Mendoza recordó que ya se había intimado a ambos a presentarse en un plazo de 24 horas bajo apercibimiento de ordenar su captura nacional. La orden podría hacerse efectiva en cualquier momento si los prófugos no cumplen voluntariamente con lo dispuesto. Las resoluciones judiciales emitidas el 22 de julio del 2025 ordenan además la conservación electrónica de los documentos en el sistema judicial y ratifican que el proceso de ejecución debe continuar conforme al Código de Ejecución Penal y a la normativa vigente.
El caso “Roberto Cárdenas Ramírez y otros” constituye uno de los mayores casos de corrupción municipal. La investigación reveló la existencia de millonarios desvíos de fondos públicos durante la gestión del exintendente, que derivaron en condenas firmes para varios de sus colaboradores, incluyendo a Salcedo y Duarte, quienes ocuparon cargos clave en la administración.
