El juez penal de ejecución Carlos Mendoza otorgó la libertad condicional a María Argüello alias «La Viuda», condenada a 14 años de prisión por narcotráfico. El Ministerio Público se allanó a la medida y esta se hará efectiva el 15 de enero del 2026. También se ordenó la suspensión de la ejecución del último tercio de la condena, que son cuatro años, siete meses y treinta días.
El incidente fue iniciado por la defensora María Ysabel Monzón, quien argumentó que Arguello Dávalos había demostrado un avance significativo en su proceso de reinserción, tanto en su comportamiento intramuros como en el cumplimiento de las salidas transitorias previamente autorizadas. La defensa sostuvo que la solicitud había sido presentada dentro del plazo legal de 60 a 90 días previsto para la tramitación y que la condenada había reunido todos los requisitos exigidos por el Código Penal y el Código de Ejecución Penal (CEP).
El Ministerio Público, a través del dictamen correspondiente, acompañó el pedido al confirmar que la interna ha cumplido rigurosamente las reglas de las salidas transitorias y reúne condiciones favorables para ser promovida al régimen de libertad condicional, aunque aclaró que el beneficio debe ejecutarse exclusivamente a partir de la fecha en la que la condenada cumple las dos terceras partes de la pena, tal como establece la normativa aplicable.
El expediente fue nutrido con un conjunto de informes técnicos que incluyeron evaluaciones psicológicas, estudios criminológicos, informes del Consejo Asesor del establecimiento penitenciario, screening toxicológico, seguimiento de salidas transitorias y un exhaustivo análisis socioambiental elaborado por trabajadoras sociales.
Todos los documentos coincidieron en que Arguello Dávalos mantiene una conducta muy buena, participa de actividades laborales en la penitenciaría, posee apoyo familiar estable y cuenta con condiciones adecuadas para afrontar de manera responsable el retorno gradual a la vida en libertad.
En las evaluaciones psicológicas se destacó que la condenada no presenta rasgos de impulsividad patológica, mantiene control emocional adecuado y evidencia una actitud orientada a la planificación. Asimismo, los informes sociales concluyeron que Arguello Dávalos cuenta con un entorno familiar sólido, vivienda propia y un proyecto de reinserción compatible con el retorno progresivo a la sociedad.
El Tribunal analizó además la fecha de cumplimiento de la mitad y las dos terceras partes de la condena, determinando que el plazo exigido por la ley para acceder al beneficio se cumple el 15 de enero del 2026, por lo que la medida será efectiva en esa fecha. También recordó que la solicitud anticipada no habilita la concesión previa del beneficio, sino que permite iniciar con anticipación los trámites administrativos y técnicos necesarios.
En consecuencia, el magistrado resolvió suspender la ejecución del último tramo de la condena, equivalente a más de cuatro años y siete meses e imponer un periodo de prueba de dos años, desde enero del 2026 hasta enero del 2028. Durante este tiempo, la beneficiaria deberá cumplir estrictas reglas de conducta, entre ellas residir en el domicilio declarado, comparecer mensualmente ante el Juzgado, no salir del país, abstenerse de cometer nuevos hechos punibles, evitar el porte de armas y donar mensualmente Gs. 1.000.000 a la Comisaría Segunda de Asunción.
Además, se dispuso la designación de una asesora de prueba, quien deberá acompañar el proceso de reinserción de la beneficiada y remitir informes periódicos al Juzgado. Se fijó también una audiencia presencial para el 19 de enero del 2026, oportunidad en la que Arguello Dávalos deberá aceptar formalmente las reglas del régimen condicional.
El Tribunal rechazó, sin embargo, la solicitud de la defensa para modificar las fechas de las salidas transitorias con motivo de las festividades de fin de año, al considerar que la inminente concesión de la libertad condicional torna improcedente modificar un régimen que ya no estará vigente tras el 15 de enero.
Finalmente, el Juzgado ordenó librar los oficios correspondientes a la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero donde la interna guarda reclusión, así como a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migraciones, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto.
