La juez de Crimen Organizado, Rosarito Montania, resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público y dictó el sobreseimiento provisional de Giovani Zárate Jiménez, quien había sido imputado por presuntos hechos de tráfico, comercialización de estupefacientes y asociación criminal.
El requerimiento fue presentado por el fiscal José Martín Morínigo, quien sostuvo que los elementos reunidos hasta el momento no alcanzan para sustentar una acusación formal, aunque existen indicios que justifican la continuación de la investigación mediante nuevas diligencias. La causa tiene su origen en una investigación iniciada en el año 2022, centrada en una presunta estructura criminal dedicada a la producción, acopio y tráfico ilícito de drogas, con operaciones a nivel nacional y proyección internacional, principalmente hacia Brasil.
Según el Ministerio Público, dicha organización estaría encabezada por Felipe Santiago Acosta Riveros, conocido como “Macho”, quien se encuentra prófugo de la justicia y es investigado por múltiples hechos punibles, incluyendo presuntos vínculos con episodios violentos en la zona norte del país.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Zárate Jiménez habría integrado esta estructura con un rol relevante dentro de su esquema operativo, incluso con funciones de liderazgo estratégico en determinadas actividades logísticas vinculadas al narcotráfico.
Uno de los hechos centrales del caso ocurrió el 22 de junio del 2024, durante un allanamiento realizado en la compañía Karuperá II, distrito de Ybypytá, en el departamento de Canindeyú. El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación paralela por homicidio doloso, relacionada con un enfrentamiento entre efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y grupos criminales que operan en la zona.
En ese operativo, a unos 300 metros del casco principal del inmueble, en inmediaciones del río Jejuí, fueron encontrados 23 fardos de presunta marihuana prensada, con un peso total de 238,415 kilogramos, que dieron positivo en el análisis primario de campo (narcotest). En el lugar se encontraba el encargado del inmueble, quien habría manifestado que fue contratado por Zárate Jiménez, señalado como arrendatario o responsable del sitio.
Pese a estos elementos, el fiscal Morínigo explicó que la investigación presenta un alto grado de complejidad, en parte debido al carácter transnacional de la supuesta organización y a la existencia de múltiples causas conexas. En ese sentido, indicó que aún restan incorporar pruebas consideradas fundamentales para esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad penal del imputado.
Entre las diligencias pendientes se mencionan la obtención de copias digitales de interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de la denominada “Operación Barret”, el análisis forense de datos extraídos de teléfonos celulares y un dron incautados, así como informes vinculados a otros procedimientos y declaraciones testificales de personas clave, incluidos agentes policiales y civiles.
Durante la audiencia preliminar, la defensa técnica del procesado se adhirió al planteamiento fiscal, argumentando que la incorporación de estas pruebas podría incluso desvirtuar la supuesta participación de su representado en los hechos investigados.
Al analizar el caso, la magistrada consideró que los elementos reunidos hasta ahora no permiten sostener una acusación, pero que las diligencias pendientes son concretas, pertinentes y potencialmente determinantes. En consecuencia, resolvió aplicar la figura del sobreseimiento provisional, prevista en el art. 362 del Código Procesal Penal, que suspende el proceso sin cerrarlo definitivamente.
Como efecto de la resolución, se dispuso el levantamiento de la prisión preventiva que pesaba sobre Zárate Jiménez desde marzo del año 2025, ordenándose su inmediata libertad, sin perjuicio de otras medidas que pudieran existir en causas distintas.
