Juzgado remite informe completo a la Corte en causa contra Hernán Rivas

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Juez Miguel Palacios

El juez penal de garantías Miguel Ángel Palacios remitió un oficio a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el marco del recurso de casación vinculado a la causa que involucra al senador Hernán David Rivas Román.

El documento, identificado como Oficio Nº 208, fue dirigido a la Secretaría Judicial III, a cargo de la abogada Karina Peñoni, en respuesta al Oficio Nº 539 de fecha 21 de abril del 2026, mediante el cual la Sala Penal de la Corte requirió la remisión de los autos principales en formato físico, además de un informe detallado sobre distintos aspectos procesales de la causa.

En cumplimiento de dicha solicitud, el juzgado remitió el expediente principal y los cuadernillos de recursos, junto con un informe en el que se detallan las partes intervinientes, los hechos atribuidos, las actuaciones fiscales y judiciales, así como el estado actual del proceso.

Según el informe, el procesado Hernán David Rivas Román cuenta con varias defensas técnicas y es representado por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres Alsina. Por parte del Ministerio Público intervienen las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero.

En cuanto a la cronología del caso, el informe detalla que los hechos investigados abarcan distintos períodos comprendidos entre los años 2010 y 2023, según lo establecido en el acta de imputación, ratificaciones del Ministerio Público y el requerimiento conclusivo.

La imputación inicial fue formulada el 18 de enero del 2024 y posteriormente ratificada en varias instancias, incluyendo dictámenes de la Fiscalía Adjunta. Asimismo, se informó que la notificación de las actuaciones fue realizada tanto en el domicilio laboral del procesado como mediante diligencias con auxilio de la Policía Nacional.

El juzgado también informó que en la causa fue dictado el A.I. Nº 850 de fecha 10 de octubre del año 2025, mediante el cual se admitió la acusación y se ordenó la apertura a juicio oral y público por el hecho punible de producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

En el mismo informe se deja constancia de que no se registran declaraciones de rebeldía ni órdenes de captura vigentes contra el procesado. Sin embargo, se detalla la existencia de múltiples recursos de apelación, reposición y apelación en subsidio presentados tanto por la defensa como por el Ministerio Público en distintas etapas del proceso.

El documento remitido a la Corte Suprema busca dar cumplimiento a los requerimientos de la Sala Penal para el estudio del recurso de casación, en el marco del recurso presentado por la Fiscalía en contra del sobreseimiento definitivo dictado por un Tribunal de Apelaciones.