A través de los medios de comunicación, el abogado Robert Marcial González ya confirmó que la exsenadora Kattya González presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión del Senado.
Sobre ello, refirió que el argumento principal de dicha medida es que, en el marco de una República el fin no justifica los medios, por lo que vale decir que aquellas atribuciones o potestades que tienen los que ocupan cargos públicos, necesariamente deben ajustarse a los protocolos y estándares establecidos para tratar de evitar que se cometan abusos de poder.
“Acá lo que ocurrió es que, de manera deliberada e injustificada, un grupo de 23 personas no solo pasó por encima del reglamento vigente, no solo alteró de manera irregular y arbitraria la mayoría calificada que ellos mismos se impusieron por norma, sino que además privan a la entonces Senadora de sus garantías establecidas en resguardo de todos los ciudadanos, no solo de los legisladores” comentó.
Con esto, el abogado se refiere a la posibilidad de contar con un plazo razonable para ejercer su defensa ante sus colegas y la ciudadanía en general, ya que el soporte de la acusación en su contra ni siquiera le fue notificado debidamente. Explicó que no significa que el Senado no pueda llevar adelante una pérdida de investidura ya que es una atribución constitucional, lo que se cuestiona es el haber pasado por encima del protocolo que, la propia ley establece para validar una toma de decisiones, sobretodo tratándose de decisiones tan drásticas que ni siquiera tienen como víctima al parlamentario desafectado, sino que a más de cien mil votantes cuya voluntad popular se vio burlada.
En cuanto a antecedentes, comentó el caso de los exministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea, donde la Corte ordenó directamente un reintegro. Sin embargo, a la CSJ solo se le pedirá que controle la regularidad de todos los actos jurídicos de la sesión parlamentaria que derivó en la pérdida de investidura de Kattya González. Refirió que la Corte no tiene atribuciones para reintegrar a la exparlamentaria. El abogado explicó que la CSJ tiene que decir si es que esos actos se conformaron o no a los estándares normativos.
“La Corte no va a decir que no se puede hacer lo que se hizo, porque se puede hacer. Lo que la Corte puede decir es si el procedimiento de toma de decisiones adolece de irregularidades y como consecuencia de ello, si el producto de lo dicho en esa sesión debe anularse” dijo el abogado.
