Respecto a la ley antichicanas, el Dr. José Casañas Levi, asesor de la comisión de legislación, manifestó a PDS Radio y Tv Digital que están analizando el mencionado proyecto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre la prescripción en cuanto a las recusaciones, inhibiciones, excepciones y acciones de inconstitucionalidad.
“Junto a algunos colegas, tenemos una posición de que el problema del retraso de los procesos tiene que ser enfocado de una manera más global. Estamos debatiendo” comentó.
Explicó que el proyecto, si bien está bien redactado, se limita solamente al aspecto de las recusaciones o inhibiciones, en cambio, según el penalista, el problema es más amplio y ya que se intentará encontrar una salida a ese problema, debería ser una salida más genérica ya que no se puede pasar por alto que a veces los problemas provienen del retraso burocrático.
“Uno no puede pretender solucionar un inconveniente sistémico como el retraso solo con uno de los sujetos procesales, me parece que los sujetos procesales son varios. Por ejemplo, si un abogado plantea una recusación y es injustificada justamente para dilatar, según el proyecto se va a suspender el plazo si eso pasa, pero la primera cuestión es quién decide si es injustificada o no, ¿por qué tiene que ser automáticamente el castigo procesal de la suspensión?” explicó.
Por otro lado, agregó que una realidad que no se puede desconocer es que, los procesados en el ámbito penal muchas veces no tienen información precisa de los actos concretos, no siempre el defendido sabe que el abogado va a presentar un escrito o recurso y, cuando se suspende el plazo lo que realmente se está haciendo es castigarle al que está proceso, porque es él quien ve que su proceso se dilata y allí entra el concepto del plazo razonable.
“Yo no digo que esto no pueda ocurrir, solo digo que la casuística es todavía muy limitada, así como está presentada” mencionó.
