En respuesta a la situación actual en el marco de la causa conocida como “mafia de los pagarés”, la Corte Suprema de Justicia aprobó la circularización de un proyecto de acordada que busca establecer nuevos mecanismos de control para evitar el uso fraudulento de pagarés en múltiples juicios ejecutivos. La propuesta será analizada en una próxima sesión del pleno, una vez que los ministros se interioricen completamente sobre su contenido.
El ministro Víctor Ríos, impulsor del proyecto, explicó que una de las principales medidas consiste en sellar los pagarés una vez que sean presentados ante un juzgado. Esta acción busca garantizar que el documento no pueda ser reutilizado en otro proceso judicial, sin impedir su circulación dentro del sistema financiero y comercial.
“El proyecto apunta a implementar el registro obligatorio de los títulos de obligación cambiaria, como respuesta a una crisis que no solo es judicial, sino también social. Hay una debilidad en el sistema que permite que un mismo pagaré sea utilizado en más de un juicio ejecutivo, y los jueces hoy día no tienen forma de verificar si un documento ya fue presentado anteriormente en otro juzgado”, indicó Ríos durante la sesión.
El magistrado también mencionó que, si bien algunas de las soluciones requieren reformas legislativas, hay otras medidas que pueden ser adoptadas de inmediato mediante acordadas. Una de ellas es el refuerzo del sistema de gestión electrónica, en el cual las presentaciones digitales deberán incluir datos específicos que permitan rastrear y controlar el uso del pagaré.
Sin embargo, uno de los mayores desafíos radica en el tratamiento de los pagarés físicos presentados en juzgados que aún no cuentan con expediente electrónico. Sobre este punto, existen dos posturas mencionadas, una, planteada por el ministro Jiménez, propone que los pagarés originales queden depositados en los juzgados, lo que implicaría importantes reformas operativas; y otra, incluida en el proyecto actual, sugiere que los documentos sean sellados al momento de su presentación, permitiendo su circulación financiera, pero impidiendo su uso en nuevos litigios.
“El problema es real y no se trata de defender al sistema, sino de explicar cómo funciona. Esta acordada es un paso importante para proteger la integridad del proceso judicial y evitar que se perpetúen abusos como los que hemos visto en el caso de los pagarés”, concluyó Ríos.
El proyecto se enmarca en una serie de iniciativas que buscan modernizar y transparentar el funcionamiento del Poder Judicial, especialmente en lo que respecta al uso de instrumentos financieros en procesos judiciales. Se espera que, una vez aprobado, el nuevo protocolo contribuya a frenar las prácticas irregulares detectadas en el actual sistema.
